La "brutal" agresión sufrida por un agente del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con un sándwich que se estrelló contra su chaleco blindado y lo dejó con olor a cebolla y mostaza, estuvo a juicio esta semana en Washington entre el ridículo del cargo y el simbolismo de un gobierno donde la autoridad busca supremacía.

El "caso de la torta" fue una derrota para el gobierno del presidente Trump: el elemento agresor fue absuelto. Pero queda como ejemplo de un problema.

El CBP, junto con la Agencia de Aduanas y Migración (ICE), es una de las encargadas de identificar y detener residentes indocumentados en Estados Unidos para su deportación, pero enfrenta crecientes acusaciones de violaciones a derechos humanos y civiles, así como de abuso de autoridad.

Pero cuando la periodista Nora O’Donnell le preguntó al presidente Donald Trump si los agentes del ICE no se habían sobrepasado en su forma de actuar, en una entrevista divulgada el pasado fin de semana, el mandatario dijo "no., creo que no han ido lo suficientemente lejos, porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales que nombraron (Joseph) Biden y (Barack) Obama".

Los jueces, incluso ocasionalmente algunos que no son considerados liberales, sino conservadores, han sido los principales obstáculos para partes de la agenda del mandatario.

Porque, según afirman algunos analistas jurídicos, Trump y sus aliados han buscado usar al Poder Judicial como un arma contra sus enemigos y sus críticos.

El agente "victimado" por el sándwich, Gregory Lairmore, sostuvo que tenía "mostaza y condimentos en mi uniforme, y una cebolla colgando de mi antena de radio esa noche". Pero el debate planteó si la "torta" se deshizo o no.

Lo que sí, el hecho no pasó desapercibido para juristas que, como la ahora Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, Jeannine Pirro, considera que los "ataques" a agentes federales deben ser perseguidos al máximo.

Pirro, una seguidora de Trump, pasó de ser "juez" en un programa de televisión a hacerse cargo de una de la oficina del Departamento de Justicia en la capital estadounidense. La fiscalía sostuvo que las opiniones de Dunn no le dan derecho a atacar a agentes y en una primera instancia pidieron una condena de ocho años de cárcel. Un jurado decidió el viernes a favor de Dunn.

Pero algunos vieron una complicación: hace unas semanas el gobierno Trump indultó a más de 1,600 acusados de haber ocupado el edificio del Capitolio, golpeado policías y puesto en peligro la vida de legisladores el seis de enero de 2021.

Cuentan las crónicas que en tiempos de Francisco Franco y cuando el gobierno español se apoyaba en la Falange –una formación política de inspiración autoritaria–, algunos de los integrantes del cuerpo de carabineros, o Policía nacional justificaban arrestos irregulares con acusaciones de que los detenidos los habían agredido y para probarlo se arrancaban un botón del uniforme antes de llegar a la comisaría.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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