En San Luis Potosí las decisiones en temas educativos son una facultad exclusiva del gobernador del Estado. El secretario de educación, lejos de limitarse a obedecer e implementar las acciones, debería entablar un papel más preponderante en la comprensión y definición de políticas aterrizadas a la realidad y con esto generar un impacto más estratégico en el mediano plazo.

El secretario de educación, como representante de la institución en el estado, tiene responsabilidades clave en la implementación de las políticas y en la gestión del sistema educativo. Aunque las decisiones pudieran ser tomadas por el gobernador, el secretario de educación juega un papel fundamental en la ejecución de esas decisiones, la supervisión, seguimiento y acompañamiento de los resultados.

Sin embargo, pareciera que como ocurre a nivel federal, concentrar el poder resulta tentador. De tal suerte que quienes acompañan al gobernador en turno, se vuelven operadores, de tal suerte que solo son responsables de mostrar resultados con el apoyo de los números y la estadística.

Para muestra, varias decisiones a lo largo de esta administración, se han tornado bajo criterios poco claros y dejando un margen muy pequeño para la gestión de las variables alrededor de las comunidades escolares por parte de los directores y profesores, incluyendo el costo para las familias que terminan ajustando sus horarios en lo laboral y apoyándose en sus familiares o vecinos para el cuidado de sus hijos.

Seamos claros, no estamos diciendo que sea una pésima idea, pero las formas de comunicar estas determinaciones dejan en entredicho el andamiaje institucional que terminan por delegar una presión extra a los directores escolares para resolver todas las inquietudes y problemas alrededor de estas “ordenes” gubernamentales.

El día jueves 22 de junio, a través de una entrevista en redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo anunció el fin de ciclo escolar 2022-2023 para la zona huasteca, en el oriente del estado. “Los niños se van de vacaciones” alcanza a escucharse en voz del propio gobernador. Entendemos claramente la necesidad de poner al centro de esta decisión a los estudiantes como sujetos de derechos, pero valdría la pena que, antes de emitir la comunicación, se establecieran pautas o protocolos de actuación para las comunidades escolares. Además de reconocer que no todas las comunidades son iguales - existen escuelas que requieren un techado, impermeabilización o aires acondicionados - debemos complementar estas decisiones con evidencia específica para ejercer el gasto con responsabilidad. ¿Ventiladores para la escuela o para la comunidad? ¿Esto es parte de la aplicación de una política pública con objetivos claros o solo es una cuestión emergente que mitigará – solo en algunos casos – la ola de calor para la población? ¿Acaso conocen todas las implicaciones que conlleva el cierre de ciclo escolar?

Incluso el gobernador, previo a esta decisión de cierre de ciclo escolar, anunció por redes sociales, sin mayor análisis, que niños y jóvenes entrarán y saldrán una hora más temprano de las escuelas para evitar riesgos por la ola de calor que padecemos en este inicio del verano. Así, sin más, vuelve la incertidumbre y la confusión a las escuelas y por lo tanto a resolver lo más pronto posible.

No es la primera vez que esto ocurre. El año pasado también anunció el adelanto del fin de ciclo de escolar por el aumento de contagios por COVID19. A pesar de contar con evidencia puntual de que las escuelas no se convirtieron en puntos de propagación, la determinación surge en redes sociales y comienza la incertidumbre en las familias y las comunidades escolares. El ajuste de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, llegó tarde y cada director escolar resolvió con el apoyo de su equipo y la comprensión de las familias.

En este sentido, podemos hablar también de los útiles, zapatos y próximamente, uniformes escolares. Los cuales, lejos de conformar un programa de política pública con objetivos específicos y con indicadores puntuales para medir sus impactos, se deja a la deriva. Ante la insistencia de las solicitudes de información que hemos presentado a diversas dependencias, todas nos responden que no cuentan con la actualización de dicho programa. Es decir, se cuenta con un estimado del costo total del gasto, pero no tienen idea, al menos eso parece, de lo que significó ese apoyo a las familias en determinados contextos. Incluso puede verse en mercados rodantes o en redes sociales, la venta de zapatos y mochilas a precios de “oferta”. Reitero, no considero que sea una decisión errónea en sí misma, sino que la comunicación e implementación nos llevan a un camino de falta de resultados, simulación y opacidad en diversos rubros de la contabilidad gubernamental. Como lo he repetido en diversas oportunidades, me parece necesario focalizar y medir los apoyos, con base en la evidencia y los argumentos serios que realmente nos permitan visualizar un impacto mucho más apegado a la realidad.

En el caso de la construcción (rehabilitación) de escuelas, me parece que la decisión fue parte de un programa que viste mucho. Pero, el impacto está muy concentrado. Incluso en poblaciones que presentan población migrante. Es decir, niños y jóvenes que no encuentran en la escuela una oportunidad para superar su contexto y optan por tener metas a muy corto plazo o abandonan la escuela. Sin duda, es loable reconocer las necesidades de infraestructura escolar, pero sería importante establecer los impactos en las trayectorias educativas, más allá de los muros y pisos. Este año, el gobierno estatal planea construir (rehabilitar) 100 escuelas. Solo que aún está pendiente cerca del 40% de la obra escolar del año 2022.

Por si fuera poco, se comienza a vislumbrar otra crisis: la del agua. Más de mil 500 escuelas en el estado no cuentan con suministro constante. Ante esto, resultaría prioritario destinar recursos para ir superando esta brecha que nos golpea en la cara con gran fuerza. ¿Qué pasó? La decisión se mantuvo: seguir rehabilitando otras escuelas.  

Pero todo esto obedece a una lógica de mandato. Sin duda, desde palacio nacional se predica con el ejemplo de concentrar el poder en una sola persona y esto, de acuerdo a la historia, representa un riesgo importante para la democracia en términos amplios. Pareciera que en San Luis Potosí estamos repitiendo esa “forma” de gobernar. Donde las decisiones se toman, un día sí y otro también desde palacio de gobierno. De ahí, solo queda repetir “sí, señor gobernador”.

Ante el cierre de un nuevo ciclo escolar, vale la discusión de entender el hecho educativo a mayor profundidad. Considero que debemos comenzar a establecer un marco de autonomía y participación escolar para tomar decisiones basadas en el bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa, y no en intereses políticos. Es tiempo que, desde los mandos medios del gobierno estatal, construyan una mejor comunicación, no solo hacia abajo, sino también hacia arriba. Para brindar más y mejor información de la realidad y de los impactos en el corto y mediano plazo ante una determinación de gran calado. No solo es operar, sino crear estructuras flexibles que permitan mecanismos para ajustar lo necesario y rangos de tiempo pertinentes para mitigar la incertidumbre que siempre es pasajera.

Concentrar el poder en una sola persona ha provocado las peores crisis sociales a lo largo de la historia. No la repitamos. Al tiempo.

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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