Fernando Gómez Mont, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas suficientes para sostener las acusaciones de delincuencia organizada y presunto contrabando de combustible en contra de su cliente, al tiempo que cuestionó la decisión de mantener el proceso bajo reserva y el internamiento del exmandatario en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio, Gómez Mont explicó que desde el inicio de la audiencia la defensa solicitó que el procedimiento fuera público, petición que fue rechazada a solicitud de la Fiscalía bajo el argumento de razones de seguridad nacional.

"Nosotros pedimos desde un inicio que la audiencia se planteara ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. Fue la propia Fiscalía la que pidió que fuera cerrada, alegando motivos de seguridad nacional. Yo no oí ninguna acusación delicada ni conocí ningún argumento que pusiera en riesgo la seguridad nacional".

El exsecretario de Gobernación comentó que la defensa recibió un expediente integrado por 19 tomos con apenas unas horas para revisarlo y sostuvo que, tras un primer análisis, no existe una explicación clara que sustente las imputaciones.

"Hoy por hoy, para nosotros, si algo no hay, es una explicación clara, una articulación clara entre las diversas pruebas que nos permita suponer que tienen planteada o probada una operación de huachicol, y mucho menos que haya una organización, una articulación entre los acusados".

Gómez Mont afirmó que no existe evidencia documental que vincule al exgobernador con las operaciones investigadas y aseguró que únicamente conocía a dos de los empresarios involucrados por haber sido sus antiguos socios.

"No hay un solo documento que señale que él pudo tener la menor intervención o participación en eso", sostuvo. Asimismo, rechazó que la FGR pueda sostener que Ruffo encabezaba una organización criminal. "Que él era el líder de una banda que solo existe en la imaginación de estos señores", expresó.

El abogado también cuestionó que el exmandatario permanezca recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, al considerar que se trata de una medida desproporcionada.

"Hoy por hoy eso parece, y yo creo que es algo que deberá revisarse, es un exceso de poder. Es una locura que una operación de esta naturaleza, donde no se ve que estén interviniendo gentes de la maña, tenga a estos hombres en ese lugar".

Añadió que el caso se relaciona con un presunto contrabando de mercancías lícitas y posibles omisiones fiscales, por lo que consideró injustificado el trato reservado para personas vinculadas con organizaciones criminales de alta peligrosidad.

Antes de concluir la entrevista, Gómez Mont aseveró que el contexto en el que surgió la acusación permite realizar una lectura política del caso y acusó un trato diferenciado por parte de las autoridades.

"El contexto en el que sale esta acusación contra el señor Ruffo nos permite hacer una lectura no solo en clave procesal, sino también en clave política".

Además, criticó que exista "una doble vara, escépticos para analizar las pruebas en contra de los suyos, y muy suspicaces para analizar las pruebas en contra de sus adversarios", al insistir en que la resolución judicial debe sustentarse exclusivamente en criterios de legalidad y en la valoración objetiva de las pruebas.

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Con información de Excélsior