Es prudente hacer un breve análisis 2023 y sobre dos temas de gran importancia para el Estado de San Luis Potosí, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DESAPARICION DE PERSONAS, por lo que es emergente mencionar, que el Comité de Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas sostiene que la delincuencia organizada es el perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisiones de servidores públicos. El organismo recomendó apostar por una política preventiva para enfrentar las causas estructurales de este delito. Para esto el Actual Gobierno de San Luis Potosí ha implementado diligencias necesarias en las Averiguaciones Previas y las Carpetas de Investigación relacionadas con personas desaparecidas, y se lleven a cabo las acciones efectivas para su búsqueda y localización, además de que en su oportunidad se determine lo que en derecho corresponda y con el propósito de que la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado cuente con un grupo o Unidad Especializada en la investigación de desaparición de personas, y se le otorgue capacitación constante en técnicas de investigación criminal. El CDF lamentó la alarmante impunidad, según definió Carmen Rosa Villa, jefa de la misión que visitó México en noviembre, por lo que en las 85 recomendaciones al Estado mexicano destaca su exhorto a que el Estado parte erradique todas las causas estructurales de la impunidad. El conjunto de instituciones del Sistema de administración de justicia debe poner fin a las prácticas que obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan la desaparición forzada como paradigma de crimen perfecto. Sólo hay 36 sentencias sobre desapariciones forzadas, la impunidad es un rasgo estructural. Finalmente, los estados tienen obligaciones específicas bajo el derecho internacional de tomar medidas en contra del crimen organizado transnacional y de la corrupción. El Gobierno Gallardista en respuesta a estas exigencias ha elaborado un Protocolo Homologado para la investigación de personas desaparecidas y no localizadas, en el que se formula un modelo de entrevista que permite tener datos eficientes e indispensables que contribuyan a la localización de personas y, en su oportunidad, se publique en el Periódico Oficial del Estado y realiza las gestiones necesarias ante la instancia correspondiente, con el propósito de que se acceda al Fondo de Aportaciones para la Secretaría de Seguridad Pública de los Estados, de forma que se cuente con recursos financieros que les permitan contar con infraestructura, mobiliario y equipo para las áreas y unidades especializadas en materia de personas desaparecidas o no localizadas. Por lo anterior cabe señalar, que el crimen organizado no es cualquier ‘particular’ que actúa sin que las autoridades supieran de su existencia, o de los tipos de crímenes que perpetra y que pueden significar un riesgo al derecho a la vida; segundo, el estado mismo jugó un rol en la creación del riesgo que representan los grupos del crimen organizado al no tomar medidas apropiadas para reducir el poder de estos grupos y al no combatir la corrupción, lo cual podría aumentar su deber de responder a dicho riesgo durante los sexenios anteriores. Durante la presentación en Ginebra del informe de la ONU, el Comité detalló que hay evidencia de “la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico” en la época Calderoniana y Peñista. Por lo anterior hay que destacar que la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación Institucional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, instalo y actualizo el Banco de Datos de Personas Desaparecidas y ha tomado en consideración las recomendaciones señaladas en el cuerpo del presente Informe del comité. También la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, actualizo la base de datos Ante-Mortem/Post-Mortem (AM/PM), y aseguro estar plenamente operativa a la brevedad posible, además de que se realice la confrontación con otras bases de datos. En su documento, el CDF observo  los importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales que se han dado. De acuerdo a los reportes gubernamentales, en los pasados dos años se ha producido una reducción en el número de personas desaparecidas, aunque el comité acota que frecuentemente estas desapariciones se reportan uno o dos años después, por lo cual aún no se pueden extraer conclusiones exactas. Las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años aunque hay reportes de un incremento de desaparición de niños y adolescentes. En los casos de sustracción de mujeres menores, con frecuencia se asocia a ocultar violencia sexual o con el objetivo de trata y explotación sexual. “El comité reitera su profunda preocupación porque se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización (...) La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de sus impactos para las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto requieren de la adopción e implementación urgente de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. En San Luis Potosí actualmente se activaron programas de capacitación y profesionalización dirigidos a Agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial de Estado como Buscadores de Personas de la Comisión Estatal de Búsqueda de SLP que en particular se incluyan técnicas de investigación criminal, así como de casos de desaparición de personas, acceso a la Justicia, derecho a la verdad e investigación eficaz, que tengan pleno conocimiento de los manuales y protocolos y que les permita contar con herramientas para la debida investigación de los casos colabora ampliamente con este Organismo Estatal en el seguimiento e inscripción de las víctimas de los casos señalados en el presente Informe Especial, así como de sus familiares, en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. Si bien destaca la construcción de un marco legal e institucional como acciones importantes del Estado mexicano, destaca la inoperancia que en muchos casos se ha tenido, subrayando, entre otros aspectos, la reducción del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda del 29 al 12 por ciento en sus gastos de operación en 2021. Lamentó la desigual construcción de estas instancias a nivel estatal, algunas de las cuales tienen un carácter unipersonal. El CDF considera el desempeño de las fiscalías (incluida la General de la República) como un factor de debilidad en la lucha contra la desaparición y factor importante en la crisis forense que impide el reconocimiento de los 52 mil cadáveres que se encuentran en crisis forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas. Las entidades de Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 71.73 por ciento de los cuerpos no identificados. El comité lamenta que cuatro años después de la adopción de la ley general, sólo algunas entidades cuentan con fiscalías especializadas (Coahuila, Guerrero, estado de México, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz) por lo cual es un gran logro la iniciativa de reforma al artículo 157 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, como tipo penal la conducta ilícita de desaparición de personas por particulares. Por último, cabe destacar que lo vertido en mis columnas sobre los temas de Búsqueda de Personas en el Estado de San Luis Potosí, así como de manera Nacional, se redactan con un sentido académico y periodístico de opinión propia, con un análisis integro de la situación actual, pero siempre abordado desde una perspectiva real y objetiva.