Resulta asombroso cómo Roosevelt argumenta la compatibilidad de las libertades individuales y los derechos económicos sociales bajo el apotegma de “vivir sin temor es vivir sin miseria” y eso exige un grado de intervención del Estado Si los siglos XVIII y XIX del pasado norteamericano pueden reservarse a Washington y a Lincoln, el XX le corresponde indudablemente a Franklin Delano Roosevelt, cuyo pensamiento político resulta vigente. Frente a la resaca de la Gran Depresión, Roosevelt llevó a cabo el llamado New Deal, con medidas económicas y sociales que pudieran retrotraer los efectos perniciosos del crack de 1929. Muchas implicaban el reconocimiento, a veces no tan tácito, sino frontal –como se verá en la llamada Segunda Carta de Derechos de 1944, propuesta por el propio Roosevelt– de derechos igualmente económicos y sociales. Esto lo llevó a una confrontación en 1937 con la Corte Suprema de Justicia –la cual es estupendamente narrada por don Antonio Carrillo Flores– bajo el diferendo sobre los alcances del individualismo constitucional y la protección del derecho de propiedad privada como valores sacramentales de los Estados Unidos. La Corte Suprema, antes de Roosevelt, ya había fijado precedentes contrarios a los derechos socioeconómicos –por ejemplo, en United Mine Workers of America v. Coronado Coal Co. (1922) o Dorchy v. Kansas (1926) en los que se niega sustento constitucional al derecho de huelga–. Nada más alejado del pensamiento de ese gigante norteamericano quien fijó una postura abierta y tajante en torno de tales derechos mediante el discurso que dio durante la ceremonia del Estado de la Unión en 1944, la ya citada Segunda Carta de Derechos o Bill of Rights. Por cierto, debe recordarse que, el constitucionalismo norteamericano originario daba por sentado la exclusión de un apartado de derechos fundamentales, los cuales tuvieron que incorporarse mediante las primeras Enmiendas a la Carta de Filadelfia. Aún así, como relata el profesor de Harvard, Cass R. Sunstein, fue una regulación escueta, “casi espartana”. De ahí que, la idea de Roosevelt en 1944, ante los peligros y riesgos surgidos de la crisis económica de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, era la del establecimiento de un mínimo de derechos que conformaran una esfera de protección a la vulnerabilidad humana: todo estadounidense tiene derecho a un trabajo útil y remunerado para ganar lo suficiente para alimentación, vestido y recreación; el derecho de toda familia a un hogar decente, y a recibir atención médica digna y oportuna para tener buena salud; el derecho a una protección suficiente contra los temores de la vejez, enfermedades, accidentes y desempleo; el derecho a una buena educación, entre otros conceptos sorpresivos para la primera mitad del siglo XX, conocidos como los welfare rights. Resulta asombroso cómo Roosevelt argumenta la compatibilidad de las libertades individuales y los derechos económicos sociales bajo el apotegma de “vivir sin temor es vivir sin miseria” y eso exige un grado de intervención del Estado. Este pensamiento se mantiene recurrentemente en las campañas y programas de gobierno de los principales partidos políticos de los Estados Unidos, reafirmado en la administración del presidente Joe Biden quien por cierto visita México estos días. Pero una recomendación que tal vez Roosevelt sí aconsejaría: los derechos socioeconómicos cuestan y se hacen realidad haciéndolos justiciables. POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA

MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN