En México, las políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las niñas se han multiplicado en las últimas décadas, promoviendo el acceso a la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social. Sin embargo, un análisis profundo de la situación actual revela una verdad incómoda: lejos de mostrar resultados positivos, muchas de estas políticas están creando un sistema de desigualdad sistémica que afecta tanto a las niñas como al conjunto de la sociedad.

En San Luis Potosí, los indicadores sobre acceso a la escuela y matrícula escolar muestran avances. De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de asistencia escolar en niñas de 6 a 14 años supera el 97%. Sobre el papel, este dato parecería reflejar un sistema que garantiza la inclusión educativa para las niñas. Sin embargo, este acceso numérico no cuenta toda la historia. ¿Qué sucede cuando la niña entra al aula? Aquí es donde las cifras se desmoronan frente a las complejidades del aprendizaje y el desarrollo social.

Según especialistas, el sistema educativo sigue enfrentando graves problemas de calidad, especialmente en zonas rurales e indígenas. Esto representa más del 50% de escuelas en territorio potosino. A pesar de que la matrícula escolar es elevada, el nivel de aprendizaje es alarmantemente bajo. UNICEF ha reportado que muchas niñas no logran desarrollar habilidades básicas de lectoescritura y matemáticas para el nivel correspondiente. En las áreas rurales, donde las niñas enfrentan barreras adicionales como la pobreza y la falta de infraestructura educativa, los logros son aún más limitados. La asistencia a la escuela no se traduce en un aprendizaje significativo. Esta desconexión entre acceso y calidad genera una nueva brecha: niñas que están "en la escuela", pero no "aprenden en la escuela".

Además, los factores externos que afectan el desarrollo social de las niñas en San Luis Potosí no deben ser subestimados. La violencia, el trabajo infantil y el matrimonio temprano continúan siendo realidades presentes en el estado. El INEGI ha señalado que, aunque se ha legislado para evitar el matrimonio infantil, aún persisten casos de uniones tempranas, especialmente en comunidades rurales indígenas como la huasteca. Estos fenómenos socavan las oportunidades educativas de las niñas, atrapándolas en ciclos de pobreza y limitaciones estructurales.

Pero quizás lo más preocupante es cómo las políticas públicas, a pesar de tener el discurso de la igualdad, en realidad contribuyen a una desigualdad sistémica. Un ejemplo claro de esta ironía es el enfoque que algunas políticas han adoptado al priorizar a las niñas y mujeres en el acceso a becas y programas de asistencia. En teoría, estas políticas deberían nivelar el terreno para las niñas que enfrentan más barreras. Sin embargo, ¿qué sucede cuando estos programas se aplican sin un análisis real de las condiciones del entorno? En muchos casos, estos enfoques terminan creando un nuevo tipo de exclusión, dejando de lado a otros sectores igualmente vulnerables, como los niños y jóvenes de comunidades marginadas que no encajan en las categorías favorecidas por las políticas de género.

El estudio del acceso a la educación desde una perspectiva de género también nos muestra cómo se invisibilizan otras formas de desigualdad. Mientras que los discursos políticos y mediáticos celebran cada nuevo programa enfocado en el "empoderamiento" de las niñas, pocas veces se discuten las verdaderas barreras estructurales que siguen afectando. Los programas educativos son diseñados desde una perspectiva centralista que no considera las realidades culturales, económicas y sociales de las niñas en comunidades indígenas o rurales. Aquí no se trata solo de acceso a la escuela, sino de acceso a una educación que realmente responda a sus contextos y necesidades.

Las cifras del INEGI indican que la matrícula escolar en las niñas de secundaria y preparatoria ha mejorado, pero las tasas de deserción aún son preocupantes, sobre todo cuando se superan los 12 años. En muchas familias, las niñas siguen siendo vistas como una mano de obra potencial para ayudar en el hogar o en trabajos informales. Este fenómeno se exacerba en contextos de pobreza, donde la supervivencia inmediata se prioriza sobre la educación a largo plazo. La llamada "igualdad de oportunidades" se desvanece rápidamente cuando las condiciones materiales no cambian.

La ironía radica en que, a pesar de todos estos programas y políticas, las niñas de San Luis Potosí no están más cerca de aprovechar las oportunidades de desarrollo. Se celebra el acceso a la escuela, pero se omite el análisis de la calidad. Se impulsan programas de "empoderamiento", pero no se abordan las causas estructurales de la desigualdad. Peor aún, se están implementando políticas que, en nombre de la igualdad, fomentan una desigualdad sistémica bajo la forma de privilegios exclusivos para ciertos grupos.

El problema fundamental es que las políticas actuales, lejos de promover una igualdad ante la ley que reconozca las diferencias y particularidades de las niñas, están generando una falsa percepción de progreso. Este tipo de "igualdad" solo perpetúa la desigualdad en nuevas formas. ¿Estamos realmente interesados en educar a nuestras niñas para que se enfrenten a los desafíos del futuro, o solo estamos aplicando soluciones superficiales que nos permiten mostrar buenos números en informes internacionales?

Al final, parece que estamos más preocupados por la imagen que proyectamos al mundo que por resolver los problemas de fondo. Y así, en nombre de la igualdad, seguimos alimentando un sistema que discrimina, divide y, paradójicamente, refuerza la desigualdad bajo el disfraz de justicia social. Si realmente queremos un futuro mejor para las niñas, es hora de repensar estas políticas.

* Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

 Director Ejecutivo en Horizontes de Aprendizaje

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