OCHO AÑOS DE OMISIÓN. En San Luis Potosí, más de mil familias viven entre la incertidumbre y la burocracia. Aunque la Ley General en Materia de Desaparición Forzada obliga a cada estado a contar con una Fiscalía Especializada, en la entidad la creación de esta instancia lleva años estancada. Desde 2017 se venció el plazo legal para su operación, pero ni el Congreso local ni el Ejecutivo han dado respuesta definitiva. La Fiscalía Especializada sigue sin existir, pese al clamor de las familias, leyes vigentes y amparos ganados.

 Voz y Dignidad por los Nuestros decidió acudir al Poder Judicial para presentar un amparo, buscando lo que la vía política no ha logrado: obligar al Congreso a cumplir la ley. Mientras tanto, la iniciativa para crear esta fiscalía permanece en comisiones legislativas, sin fecha de dictamen ni acuerdo presupuestal. Los foros y consultas prometidos aún no se concretan, y las víctimas siguen esperando.

Más allá del vacío legal, hay un impacto humano evidente. La falta de una fiscalía especializada retrasa investigaciones, dispersa esfuerzos y alimenta la desconfianza institucional. A esto se suma la percepción de que otras prioridades políticas avanzan con mayor rapidez que aquellas que afectan directamente a víctimas y sus familias. Las fosas clandestinas encontradas, las búsquedas sin resultados y las peticiones sin respuesta, son parte de un panorama que exige atención integral.

La fiscalía especializada no es solo una figura jurídica: es un compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Su ausencia refleja no solo un rezago legislativo, sino también la necesidad de repensar cómo se atienden las crisis humanitarias desde lo local. En un Estado donde se presume inversión y progreso, también debería presumirse, con hechos, y no simular el cumplimiento de los derechos fundamentales.

ARANCELES QUE NO TRAEN LO NEGATIVO EN EL NOMBRE. La decisión de aplicar aranceles a los vehículos chinos no solo responde a un tema de competencia comercial, sino que abre una ventana de oportunidad para estados como San Luis Potosí, donde la industria automotriz se ha consolidado como motor de desarrollo económico. Tal como señalan los expertos, la medida puede incentivar una mayor inversión y fortalecer la cadena de proveeduría local, lo que a la larga se traduce en empleos y derrama económica.

En un entorno global donde las reglas del juego deben ser claras, equilibrar el mercado es un paso necesario para dar certeza a quienes sí han apostado por instalarse y crecer en México.

Más allá del debate sobre los efectos inmediatos para los consumidores, es importante ver este ajuste como un punto de inflexión para elevar la competitividad. San Luis Potosí tiene la capacidad instalada, la mano de obra y el prestigio de su clúster automotriz para convertirse en uno de los principales beneficiarios.

El reto será que los aranceles no se queden solo en un encarecimiento de los vehículos chinos, sino que se traduzcan en una política que obligue a esas marcas a invertir, transferir tecnología y generar empleo. Si eso ocurre, el estado no sólo resistirá los cambios del mercado, sino que podría salir fortalecido como polo estratégico de la industria automotriz en América Latina.

¡Hasta el lunes!