Con el proceso electoral a la vuelta de la esquina, las herramientas jurídicas diseñadas para defender los intereses del pueblo vuelven a desvirtuarse entre la politiquería que tanto daño le hace a este país. En México, la figura del juicio político arrastra una historia amarga: lejos de consolidarse como un mecanismo de rendición de cuentas e imparcialidad, ha sido utilizado de manera burlesca como un garrote de cobro de afrentas, enemigos políticos.

Hoy, la amenaza de desempolvar este recurso reaparece en el escenario público con un tufillo inequívocamente electorero. Corresponde al Poder Legislativo procesar y ejecutar esta vía; sin embargo, en esa supuesta "casa de todos", lo que menos prevalece es el bienestar de la ciudadanía. El recinto legislativo se transforma periódicamente en una trinchera partidista donde la justicia se subordina al cálculo de votos, la descalificación del contrario y el espectáculo mediático.

Degradar las instituciones de control constitucional para convertirlas en armas de desgaste político no sólo despoja al ciudadano de sus defensas democráticas, sino que confirma la mezquindad de una clase política dispuesta a prostituir la ley con tal de rentabilizar las urnas.