La Facultad de Derecho de la UASLP cerrará el año sin nuevo director y no por falta de perfiles, sino por un proceso que terminó atrapado en los tribunales. Un amparo bastó para frenar una designación que ya venía arrastrando tropiezos, ternas rechazadas y protestas internas. En el papel, la suspensión es una medida legal para proteger derechos; en la práctica, exhibe un problema más profundo: la incapacidad de la universidad para conducir procesos internos sin que estos terminen judicializados.

Lo que no se dice con la misma claridad es cómo se llegó a este punto. Exclusiones poco explicadas, evaluaciones cuestionadas y decisiones que parecen tomarse en círculos cerrados abrieron la puerta al conflicto. Cuando una elección académica termina dependiendo de una jueza federal, algo falló antes, mucho antes. Y no es solo un asunto administrativo: se trata de credibilidad institucional y de confianza en los mecanismos universitarios.

Mientras tanto, la vida académica sigue en pausa forzada. La dirección se congela, las decisiones estratégicas se aplazan y la incertidumbre se normaliza bajo el argumento de “así lo ordenó el juez”. Nadie pierde formalmente, pero todos pagan el costo: estudiantes, docentes y una facultad que debería enseñar certeza jurídica y hoy opera en la indefinición.

Tal vez la pregunta incómoda no sea cuándo habrá director, sino por qué la UASLP permite que sus procesos internos se desgasten hasta este punto. Dirigir una universidad pública de este tamaño también implica anticipar conflictos, transparentar decisiones y asumir responsabilidades. De lo contrario, la ley seguirá entrando por la puerta grande, para recordar que en Derecho no siempre se predica con el ejemplo.

¡Excelente fin de semana!