La difícil facilidad de la autoridad de garantizar el estado de derecho, se ve rebasada cuando un ciudadano -o a veces un funcionario mismo- se da el lujo de violentar la ley. La comisión de delitos en contra del bien estar, de la paz social, de la seguridad, de la justicia, del bien común, representa un atentado en contra de nuestra sociedad y si a ello le sumamos que la autoridad obligada a garantizar todos aquellos parabienes no lo hace, estamos perdidos. Uno de ellos que se ha discutido por décadas es el respeto a las vías de comunicación.

La presión que ejercen grupos sociales a la autoridad bloqueando calles, caminos, avenidas o carreteras han caído en el descaro y cinismo, no de ellos como exigentes, sino de la autoridad misma al permitir que se violente el estado de derecho sin ningún arresto de respeto a su papel como regulador fundamental de nuestras relaciones sociales. Hoy en día la ciudadanía exige de los que ejercen el poder, precisamente que lo usen.

Bloqueos urbanos que desquician ciudades enteras en horas pico o bloqueos carreteros que desquician comunicaciones nacionales o caminos a zonas industriales se han convertido en monedas de cambio de parte de estos grupos sociales con los que logran del estado las canonjías solicitadas y un poco más. Nadie las regula y menos las controla.

Tampoco nadie responde por los daños. El último caso son los bloqueos a los parques industriales Logistik 1 y 2 en la Zona Industrial potosina. En donde los representantes de los industriales potosinos hicieron el llamado exigente a la autoridad: o el uso de la fuerza publica o nada para retirar a comuneros que se encuentran bloqueando los principales accesos a dichos parques industriales. El tema es que, ellos exigen ¿Quién les hace caso? Hasta el lunes…