Las organizaciones de transportistas como AMOTAC, CANACAR y CONATRAM -uniones más importantes y numerosas del país- siguen reclamando al estado mexicano -entiéndase a los tres niveles- la garantía más valiosa para su labor: seguridad. Son casi 80 los hechos delictivos que se presentan en todas las carreteras federales y estatales diariamente entre amenazas, extorsiones, asaltos y secuestros, sin que haya autoridad que garantice recorrer con libertad y seguridad las columnas vertebrales del transporte de nuestro país. Igual desde Nuevo Laredo hasta la CDMX, igual de Tampico hasta Puerto Vallarta, igual de la capital hasta Chiapas, igual desde Tijuana hasta Mérida. Las carreteras están en manos de la delincuencia sin que la Guardia Nacional cumpla con su labor. Esto no es un simple reproche en mesas de seguridad. Se trata de la realidad que los transportistas y ciudadanos le hacen ver al gobierno federal como un fracaso en su responsabilidad. Recuerdan la preparación y labor de la desparecida Policía Federal, cuyo reconocimiento social estaba por encima de muchas instituciones públicas del país -junto al Ejército- y ahora solo forman parte del recuerdo que ha sido absorbido por una Guardia Nacional que “quedó a deber completamente” a partir de 2018. Esperan que la política de Claudia Sheibaum retome lo que en otros años funcionó en materia de salud y seguridad, por ejemplo. Que pueden tener vicios y anomalías, sin duda. Las instituciones tienen su esencia, que haya personajes que las pervierten es distinto. Acaben con ellos y ellas, no con las instituciones y su espíritu esencial: garantizar el estado de derecho. Son las cifras de quienes lo viven diariamente contra los otros datos de las comodidades palaciegas.