En lo que resultaría la desaparición del órgano operador del agua de la zona metropolitana capitalina, el Interapas, por parte del Congreso del Estado, sería en un abanico de ilegalidades, contradicciones y resultados poco favorables. Por una parte, expertos jurídicos confirman que se caería en un choque de trenes legales entre la Constitución Federal y el decreto de creación del órgano. La primera claramente expresa, en su numeral 115, que son los municipios los que deben de dotar del servicio de agua a las viviendas. Y el decreto en cita marca que en caso de desaparición del Interapas, sería la Comisión Estatal del Agua la que cumpla con ello.  Cualquier estudiante de leyes de primer año entiende, primero, que por encima de la Constitución nada ni nadie, que un decreto está muy por debajo y que esto es, por lo tanto, algo irrefutable. Ahora bien, la pregunta estelar y que a la ciudadanía le interesa, no es si legalmente se pueda o no. A fin de cuentas, el agua no corre por una ley enrollada. Se trata de saber si los municipios que quedarán cada uno por su vera -SLP, Soledad y Cerro de San Pedro- cuentan con los pozos, infraestructura y capacidad burocrática para dotar del servicio a sus gobernados. De la capital potosina tenemos pocas o casi ninguna duda de que pueda con el paquete. Pero ¿Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro podrán?