En México pocas veces un trámite tecnológico había generado tanta resistencia social antes siquiera de aplicarse por completo. Y no es menor; hablamos de millones de personas que hoy sienten más miedo de entregar sus datos personales que de quedarse temporalmente sin línea telefónica. Ese simple dato ya debería preocupar seriamente al Gobierno, a las empresas de telecomunicaciones y a los reguladores. Porque cuando una política pública nace con desconfianza masiva, el problema no es ciudadano; el problema es institucional.

San Luis Potosí es hoy un reflejo bastante claro de ese fenómeno nacional. En plazas comerciales, colonias populares y zonas de alta movilidad urbana, la conversación se repite: “no entiendo para qué quieren mis datos”, “seguro van a filtrar la información”, “lo haré hasta el final” o, peor aún, “prefiero quedarme sólo con WhatsApp”. Lo delicado es que esta narrativa ya dejó de ser marginal. La resistencia social se volvió cotidiana y comenzó a exhibir una desconexión evidente entre la narrativa oficial y la percepción real de la ciudadanía.

Y aquí aparece el dato más incómodo para el Gobierno Federal, ya que incluso empresarios de la talla de Carlos Slim ya comenzaron a advertir públicamente que el modelo fue mal diseñado en tiempos y ejecución. Cuando el principal actor del ecosistema móvil mexicano reconoce que el proceso “es demasiado corto” y que el segmento prepago simplemente no avanzará al ritmo esperado, la discusión deja de ser política y se convierte en un problema estructural de gobernanza digital. No es casualidad que apenas una fracción de las más de 160 millones de líneas móviles existentes haya sido registrada a semanas del plazo fatal.

Lo que tampoco se dice con suficiente claridad es el impacto económico que podría provocar una suspensión masiva de líneas. Hoy un teléfono celular ya no sirve únicamente para llamar. Es herramienta de trabajo, autenticación bancaria, acceso a plataformas de reparto, comercio digital, transporte y hasta atención médica. En estados como San Luis Potosí, donde buena parte de la economía informal y de servicios depende completamente de la conectividad móvil, cortar líneas implicaría afectar ingresos familiares, movilidad laboral y productividad urbana. El costo político de una desconexión masiva podría ser muchísimo más alto de lo que hoy calculan las autoridades.

Además, el problema también exhibe que México sigue teniendo una enorme fragilidad en materia de confianza digital. Después de años de filtraciones, hackeos institucionales y mercados negros de bases de datos, pedirle a la población que entregue CURP, identificación oficial y validación de datos sin una estrategia sólida de pedagogía pública era apostar demasiado a la obediencia social. Y la ciudadanía respondió exactamente cómo responden las sociedades que ya no creen plenamente en sus instituciones: retrasando, evadiendo o buscando alternativas fuera del sistema formal.

El gran reto para San Luis Potosí y para el país no debería ser “cómo obligar” a registrar líneas, sino cómo construir confianza tecnológica real. Ahí existe una enorme área de oportunidad: ampliar plazos, simplificar procesos, transparentar auditorías de ciberseguridad y explicar claramente quién protege los datos y bajo qué mecanismos. Porque si una política pública obliga a la población a escoger entre privacidad o conectividad, entonces no estamos frente a una estrategia moderna de seguridad digital; estamos frente a una señal de que el Estado todavía no entiende que, en la economía contemporánea, la confianza vale más que cualquier padrón.

    ¡Hasta mañana!