Durante años, México construyó buena parte de su modelo económico sobre una certeza casi incuestionable: producir para Estados Unidos era suficiente para crecer. Hoy esa certeza comienza a resquebrajarse. La advertencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que "cada semana es una batalla" en la relación comercial con Washington no es una frase para tranquilizar mercados; es la confesión de que el tablero cambió y que el país enfrenta una etapa donde las decisiones económicas ya no obedecen únicamente a la lógica del mercado, sino a la geopolítica, la seguridad nacional y los intereses industriales de la mayor economía del planeta. Lo preocupante no es que puedan venir nuevos aranceles; lo realmente inquietante es que ya nadie puede asegurar cuáles serán las reglas del juego dentro de seis meses.

Durante décadas escuchamos que el T-MEC ofrecía certidumbre jurídica para invertir. Sin embargo, hoy observamos investigaciones por "sobrecapacidad productiva", revisiones a las reglas de origen, nuevos conceptos como "seguridad económica" y amenazas permanentes sobre industrias estratégicas. En otras palabras, el tratado sigue existiendo, pero el margen de discrecionalidad política crece cada vez más. ¿Qué significa esto para México? Que el éxito exportador dejó de depender únicamente de fabricar bien y barato. Ahora depende también de convencer a Washington de que nuestra industria no representa un riesgo para sus propios intereses. Esa diferencia parece sutil, pero transforma por completo la relación bilateral. Cuando la política sustituye al mercado, la competitividad deja de medirse únicamente en costos y comienza a medirse en confianza.

Para los estados del Bajio como San Luis Potosí, donde la industria automotriz y manufacturera sostiene miles de empleos, esta nueva realidad debería encender todas las alarmas. La fortaleza de esta región nunca fue solamente atraer inversiones, sino convertirse en una plataforma logística integrada con Norteamérica. Pero esa ventaja puede erosionarse si los corporativos internacionales perciben que el marco comercial será cada vez más incierto. Ninguna empresa multimillonaria toma decisiones de expansión donde las reglas pueden modificarse mediante un anuncio político o una investigación comercial. La inversión no huye únicamente de la inseguridad; también escapa de la incertidumbre regulatoria. Y eso es exactamente lo que hoy comienza a instalarse en la conversación empresarial.

Hay otro aspecto del que se habla poco. Mientras el gobierno federal celebra que el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas sigue entrando a Estados Unidos sin aranceles, el debate de fondo es mucho más incómodo: seguimos dependiendo excesivamente de un solo cliente. Esa concentración convierte cualquier desacuerdo político en un riesgo económico nacional. Si Washington decide endurecer criterios sobre acero, aluminio, automóviles o reglas de origen, no sólo se afecta una industria; se altera toda una red de proveedores, transportistas, pequeñas empresas y trabajadores que viven alrededor de esas cadenas de valor. La pregunta ya no es si México mantiene ventajas frente a otros países. La pregunta es por qué, después de más de treinta años de integración comercial, seguimos sin construir mercados alternativos que reduzcan esa vulnerabilidad estratégica.

Quizá la mayor enseñanza de esta nueva batalla comercial sea que la competitividad del siglo XXI ya no depende únicamente de producir más, sino de generar confianza institucional, diversificar mercados y anticiparse a los cambios geopolíticos. Los gobiernos estatales de la región Bajío tienen la oportunidad de dejar de competir únicamente ofreciendo mano de obra e incentivos fiscales, para convertirse en verdaderos centros de innovación, proveeduría regional y desarrollo tecnológico. Y el sector empresarial deberá entender que administrar una compañía ya no consiste sólo en vender más, sino en gestionar riesgos internacionales cada vez más complejos. Porque el verdadero problema no es que Estados Unidos imponga nuevos aranceles. El verdadero problema sería que México siga actuando como si todavía viviera en un mundo donde el libre comercio era una garantía y no un privilegio que hoy puede cambiar de una semana a otra.