San Luis Potosí ya fue observado por tener una ley favorecedora a personajes y que poco abonaba a la democracia que aspira un país como México, conocemos el final, el mandatario Ricardo Gallardo vetó la reforma y ahora sólo queda en la memoria aquella intención de pretender dar 'representación igualitaria' aunque parecía más bien un escenario de exclusión intencionada. Ahora con la Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad podría enfrentarse a un escenario similar.

La motivación como lo era en la 'ley gobernadora' responde a las necesidades actuales, no hay discusión, es su forma la que hace levantar la ceja de más de uno.

Las reformas electorales a México parecen costarle mucho, en 2018 tuvo la Suprema Corte de Justicia echar para atrás la reforma implementada en San Luis Potosí porque el Congreso del Estado no hizo las consultas, sí similar a esas que tienen entrampadas ahora en 2026 al Legislativo. Ahora con esta nueva ocurrencia...perdón reforma no se podría caer en lo mismo, si bien han señalado no hay dinero.

El Ceepac ya advirtió con su voz autorizada y timorata que podría caerse en discriminación, además de poner la lupa en sectores minoritarios como las candidaturas indígenas y afroascendientes, pues si el proceso no es bien cuidado, como ya se hizo con las candidaturas LGBT - y sino voltemos a ver el caso 'Reyitos' alcaldesa de Venado José Reyes Martínez Rojas- podría resultar perjudicial, dejando nuevamente la pregunta ¿para quién legislan nuestros diputados?

¡Hasta mañana!