CALERA EN CLANDESTINIDAD. A veces la injusticia no hace ruido, sólo se siente en la garganta. En Villa de Pozos, las y los vecinos de varios fraccionamientos respiran cada día el polvo de una planta de cal que nunca debió volver a encender sus hornos. La empresa, clausurada en 2023 por operar sin permisos, está otra vez en funciones, pese a que existen resoluciones judiciales firmes que lo prohíben. ¿Cómo se explica eso? Muy simple: entre los pliegues de la municipalización y la inexperiencia del nuevo concejo, la ley se hizo flexible para algunos.

Lo más grave no es solo el aire contaminado que se cuela por las ventanas, sino la sensación de que el derecho ambiental es una broma de mal gusto. Las autoridades saben, los vecinos insisten, los papeles lo confirman, y aun así nadie actúa. En los tribunales, el Estado de Derecho parece sólido; en las calles, se desmorona como cal mojada. Mientras tanto, cientos de familias siguen tosiendo y las fachadas siguen blancas, no por pintura, sino por impunidad.

¿COINCIDENCIA? Detrás de esta historia se asoma algo más turbio, el intento de modificar el uso de suelo para “legalizar” lo ilegal. El nuevo Programa Metropolitano pretende convertir la zona habitacional en industrial, justo donde opera la planta. ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Lo que comenzó como una violación ambiental se transforma en un caso de manipulación institucional que huele más a negocio que a planeación urbana.

Y VILLA DE POZOS....En el fondo, lo que ocurre en el municipio de Villa de Pozos trasciende lo que la autoridad se empeña en querer señalar como un simple conflicto vecinal: es un recordatorio de que la legalidad ambiental no puede depender de coyunturas políticas ni de omisiones administrativas. Las resoluciones judiciales deben cumplirse, y la salud pública no puede quedar sujeta a intereses económicos. Garantizar el derecho a un entorno sano no es un favor de las autoridades, es una obligación del Estado y una deuda pendiente con quienes hoy siguen respirando incertidumbre.