La Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) tardó ocho meses en concluir uso ilegal de la fuerza por elementos de la Guardia Nacional, en el asesinato de Ángel Yael estudiante de la Universidad de Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril en la comunidad El Copal en Irapuato, dónde se ubica el campus División de Ciencias de la Vida, de la Universidad de Guanajuato, cuando al concluir una reunión entre estudiantes en un lugar de la zona cuatro de ellos salieron en un vehículo. Los elementos de la Guardia Nacional sin motivo alguno les marcaron el alto y continuaron su camino. 

La CNDH dirigió la Recomendación 80VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos a la vida en agravio del estudiante, y a la integridad personal y seguridad jurídica de otras tres, por el uso excesivo de la fuerza, atribuible a elementos de la Guardia Nacional.

Una institución que inició operaciones en esta administración federal dejando atrás a la extinta Policía Federal y que pese a ser de reciente creación, tanto el Ejército como la Guardia Nacional se han caracterizado por el incremento de violaciones a derechos humanos contra grupos vulnerables.

Por cierto el pasado 5 de diciembre se dio a conocer la vinculación a proceso de un segundo elemento vinculado al homicidio del estudiante universitario Ángel Yael y donde una de sus compañeras también fue lesionada de gravedad.

La CNDH recomendó a la Guardia Nacional inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las cuatro personas cuyos derechos se violentaron, así como a las siete víctimas indirectas, y proceder a la inmediata reparación integral del daño que incluya la medida de compensación.