La obligación del estado, entiéndase cualquiera de los tres niveles de gobierno, es la de GARANTIZAR los derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco de las facultades y atribuciones que le da la Constitución y todas las leyes que de ella emanan. Al ciudadano de a pie. A la ama de casa, al obrero, el estudiante, al empresario, al trabajador, no nos interesa quien lo haga. Pues basta con esa garantía a su cumplimiento. Es uno de los pilares del ESTADO DE DERECHO. La seguridad es una de estas garantías. Los últimos hechos en materia de inseguridad a nivel nacional, por ejemplo, los acontecimientos en Sinaloa la semana pasada, ponen en el foco rojo a todo el país por la debilidad en que nos encontramos en caso de repetirse una escena dantesca como las que vimos, en cualquier punto de la geografía nacional. Cualquiera. Este fin de semana San Luis Potosí vivió una. Aun y alejado de la zona metropolitana capitalina o de puntos urbanos poblados, lo ocurrido en las inmediaciones de Charcas y Santo Domingo en el desierto altiplano tunero, no fue cosa menor. El ataque a integrantes de seguridad, Guardia Nacional y Ejercito, por parte de grupos delincuenciales debe poner en alerta a nuestras autoridades, desde las nacionales hasta las municipales. El uso de armamento de grueso calibre por parte de civiles no es nada nuevo. Los efectos “cucarachas” que se dan de otras entidades tampoco. La perpetua guerra que vive la delincuencia contra la autoridad menos. Nuevo y de pronostico reservado es que los enfrentamientos se den con mayor constancia en la rutinaria vida de un estado y sus ciudades importantes cuya característica era la seguridad. El riego de salir del hogar o del trabajo o al recreo y no regresar por encontrarse envuelto en las balas de los buenos o los malos es un punto de inflexión entre una coordinación entre autoridades y el cumplimiento de esa GARANTÍA. Quien la de y cumpla. 

Quien sea. Hasta mañana…