Después de siete años de falsas acusaciones, declaraciones difamatorias y una flagrante campaña de criminalización contra las organizaciones que realizan operaciones de búsqueda y rescate en el mar, la investigación iniciada a finales de 2016 por la fiscalía de Trapani (Sicilia) ha sido desestimada este viernes. En el caso se investigó a Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras organizaciones que llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate por la acusación infundada de complicidad con la “inmigración ilegal”. Se trató de una gran acusación basada en conjeturas, escuchas telefónicas, declaraciones falsas y una interpretación deliberadamente distorsionada de los mecanismos de rescate para presentarlos como actos delictivos. Sin embargo, después de una audiencia preliminar de dos años, el mismo fiscal que abrió la investigación reconoció que las pruebas demostraban que las ONG estaban trabajando con la única intención de salvar vidas y pidió que el caso no continuara con el juicio. El juez, por tanto, ha cerrado definitivamente el caso, alegando una falta de fundamento en las acusaciones y borrando cualquier sospecha de colaboración con los traficantes. “Estas acusaciones infundadas han intentado empañar durante años la labor de los equipos humanitarios de búsqueda y salvamento. Pretendían alejar a los buques del mar y contrarrestar sus esfuerzos para salvar vidas y dar testimonio. Ahora, estas acusaciones se han derrumbado”, declaró Christos Christou, presidente internacional de MSF. “Nuestros pensamientos están con nuestros colegas de MSF y de otras organizaciones que han trabajado bajo el peso de las acusaciones por hacer legítimamente su trabajo: salvar a personas en peligro en el mar, con total transparencia y cumpliendo las leyes”, afirma Christou. Durante los siete años de espera a que se dictara sentencia sobre este caso, han continuado los ataques a las actividades de búsqueda y el salvamento mediante una serie de políticas perjudiciales. Entre ellas, la aprobación de leyes restrictivas, la detención de embarcaciones civiles y el apoyo a la Guardia Costera libia, lo que dificulta los rescates y agrava el sufrimiento y las violaciones de derechos humanos de las personas devueltas a Libia por la fuerza. Mientras tanto, las muertes en el mar Mediterráneo siguen aumentando. El impacto es letal: 2023 fue el año con mayor número de muertes desde que se presentaron las primeras acusaciones contra los miembros del equipo de MSF, en 2017. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los Estados de la UE han puesto en marcha al menos 63 causas judiciales o administrativas contra ONG de búsqueda y salvamento (junio de 2023). El año pasado, las autoridades italianas detuvieron a embarcaciones de rescate humanitario en 21 ocasiones, lo que supuso 460 días en los que se les impidió asistir a personas en peligro en el mar. El buque de búsqueda y rescate de MSF, Geo Barents, acaba de reanudar sus operaciones tras 20 días de detención injusta bajo la falaz acusación de poner en peligro la vida de personas, después de que una patrullera libia interrumpiera violentamente una operación de rescate en curso. Además, a los buques humanitarios se les asignan continuamente puertos lejanos en el norte de Italia para desembarcar a los supervivientes, manteniéndolos alejados de la zona de búsqueda y rescate, mientras las vidas de las personas corren peligro. Junto con las cínicas políticas de externalización de la gestión de fronteras a terceros países inseguros como Libia, Italia y los Estados miembros europeos están dando la espalda a las personas que buscan seguridad en Europa, contribuyendo a alimentar el sufrimiento humano y, en última instancia, mostrando un desprecio absoluto por la protección de las vidas humanas. “En estos años, las autoridades italianas han invertido enormes recursos en crear barreras a la acción humanitaria y en políticas de muerte, mientras no hacían nada para detener los naufragios y abrir rutas legales y seguras para las personas que huyen a través del Mediterráneo”, afirma Tommaso Fabbri, ex coordinador General de MSF, implicado en el caso. “Salvar vidas no es un delito, es una obligación moral y legal, un acto fundamental de humanidad que simplemente debe hacerse. ¡Basta de criminalizar la solidaridad! Todos los esfuerzos deben dirigirse a evitar muertes y sufrimientos inaceptables y a garantizar el derecho al rescate, devolviendo la humanidad y el derecho a la vida en el mar Mediterráneo”, agrega. MSF es una organización médico-humanitaria internacional independiente que brinda asistencia a personas afectadas por conflictos, epidemias, desastres naturales y crisis en más de 70 países. Los equipos de MSF comenzaron las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo en 2015, para llenar el vacío dejado por el fin de la operación de rescate Mare Nostrum. Desde entonces, ocho barcos diferentes de MSF han ayudado a salvar más de 92 mil vidas. A pesar de las barreras, MSF no ha cesado sus operaciones de búsqueda y rescate, y hasta el día de hoy sus equipos participan en operaciones de rescate a bordo del buque actual, Geo Barents. “Nuestros trabajadores humanitarios nunca dejaron de operar en las intervenciones de MSF en todo el mundo, al igual que nuestros barcos nunca dejaron de salvar vidas en el mar. Esta ha sido nuestra mejor respuesta a todas las acusaciones”, concluye Christou. Con información del Financiero