El Dr. José Alfonso Baños Francia, urbanista, investigador y profesor del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, advirtió que los casos de despojo e invasión de viviendas en Puerto Vallarta representan una señal de alerta sobre el debilitamiento del Estado de derecho, en un contexto marcado por el crecimiento inmobiliario, la especulación y posibles actos de corrupción. En entrevista para “Así las Cosas”, el especialista señaló que el respeto a la propiedad privada es uno de los pilares para el desarrollo de cualquier comunidad, por lo que consideró preocupante que continúen registrándose casos en los que personas son despojadas de sus bienes, como el reciente caso de un adulto mayor de Puerto Vallarta que ha generado amplia atención entre la ciudadanía. Baños Francia explicó que, aunque la mayoría de los propietarios cuentan con escrituras y derechos plenamente reconocidos, existen situaciones en las que, por corrupción, omisiones institucionales o conflictos familiares, esos derechos pueden verse vulnerados. "Cuando no se respeta el Estado de derecho se encienden las alertas, porque la certeza jurídica sobre la propiedad es fundamental para el desarrollo económico y social", afirmó. El académico recordó que Puerto Vallarta ha enfrentado distintos problemas relacionados con la propiedad inmobiliaria desde hace varias décadas. Explicó que durante los años setenta y ochenta era común el uso de prestanombres para que extranjeros adquirieran inmuebles en zonas costeras, situación que posteriormente dio paso a la creación de fideicomisos como un mecanismo para otorgar mayor seguridad jurídica a estas operaciones. Sin embargo, indicó que actualmente el problema está más relacionado con el acelerado crecimiento inmobiliario y el incremento en el valor del suelo. "Todas las zonas sujetas a procesos de expansión y especulación inmobiliaria pueden convertirse en espacios donde algunas personas intenten apropiarse de inmuebles mediante prácticas irregulares", comentó. Añadió que incluso existen casos donde operaciones de compraventa aparentemente legales terminan incumpliendo las condiciones económicas pactadas, mientras que en áreas rurales también se presentan conflictos derivados de disputas familiares por terrenos de gran extensión. El investigador sostuvo que detrás de muchos de estos conflictos existe una lógica de especulación, donde el objetivo deja de ser el uso social de la vivienda para convertirse únicamente en un mecanismo de enriquecimiento. Respecto a la evolución urbana de Puerto Vallarta, recordó que la creación del Fideicomiso Puerto Vallarta en 1973 permitió dar mayor certeza jurídica al desarrollo de la zona turística mediante la expropiación de más de mil hectáreas destinadas principalmente al crecimiento hotelero. No obstante, explicó que de manera paralela surgieron numerosos desarrollos sobre terrenos ejidales que posteriormente tuvieron que ser regularizados. Incluso recordó que en algunas colonias del norte de El Pitillal se documentaron casos donde un mismo predio fue vendido en dos o tres ocasiones debido a la falta de controles o por actos realizados de mala fe. En cuanto al fenómeno de las invasiones, Baños Francia consideró que Puerto Vallarta no ha registrado históricamente niveles similares a los observados en destinos como Acapulco, donde numerosas colonias populares surgieron mediante invasiones de predios particulares. Sin embargo, advirtió que en años recientes han surgido indicios de que grupos delictivos buscan apropiarse de inmuebles con alto valor económico. "Cuando intervienen grupos delincuenciales con una agenda para apropiarse de propiedades, el problema adquiere otra dimensión y refleja deficiencias en la aplicación de la justicia", señaló. El especialista también hizo referencia al papel que desempeñan las instituciones encargadas de otorgar certeza jurídica, como notarías, registros públicos y oficinas de catastro. Aunque aclaró que no cuenta con pruebas para señalar casos específicos, reconoció que durante años han existido señalamientos sobre posibles irregularidades en algunas dependencias municipales, especialmente relacionadas con predios cuyos propietarios fallecieron intestados o donde existían vacíos legales. Explicó que uno de los mecanismos utilizados en algunos casos consiste en ocupar un inmueble y acreditar durante varios años el pago de servicios para posteriormente intentar obtener la propiedad mediante la figura jurídica de la prescripción positiva. Finalmente, el urbanista llamó a quienes pretendan comprar o vender un inmueble a realizar todos los procedimientos con asesoría profesional, acudir a notarías, verificar la documentación correspondiente y dar seguimiento puntual a cada etapa del proceso.