San Luis Potosí, SLP.-  La organización Ciudadanos Observando, de San Luis Potosí, realizó un comparativo entre los distintos formatos utilizados para publicar las declaraciones patrimoniales de servidores públicos. El resultado deja una señal preocupante: el formato más opaco es el que utilizan los 500 diputados federales. De acuerdo con la revisión, el formato acordado con la Contraloría del Poder Legislativo federal impone mayores restricciones que los utilizados por el Poder Ejecutivo federal, el Senado de la República, el Congreso de San Luis Potosí y diversos ayuntamientos potosinos. Es decir, quienes forman parte de la Cámara de Diputados terminan revelando menos información sobre su patrimonio que otros servidores públicos. La diferencia es especialmente evidente en el apartado de bienes inmuebles. Si un diputado declara una casa, departamento o terreno, el formato no obliga a mostrar datos relevantes como el valor de adquisición, la fecha y forma de compra, la superficie u otras características del inmueble. Información que sí puede encontrarse en declaraciones patrimoniales de otros poderes y niveles de gobierno. Algo similar ocurre con vehículos, inversiones, cuentas bancarias y adeudos, donde los datos disponibles son tan limitados que resulta difícil hablar de una transparencia efectiva. El contraste es considerable. Mientras en otras declaraciones es posible conocer con mayor precisión qué bienes fueron adquiridos, cuándo y bajo qué condiciones, en el caso de los diputados federales buena parte de esa información permanece fuera del alcance ciudadano. Un formato de transparencia que oculta los datos necesarios para entender cómo se integra el patrimonio de un funcionario termina perdiendo gran parte de su utilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H La contradicción es todavía mayor porque los diputados federales deberían estar entre los servidores públicos más obligados a rendir cuentas. Desde el Poder Legislativo fiscalizan recursos, aprueban presupuestos y exigen explicaciones a otras instituciones. Sin embargo, el formato bajo el cual ellos mismos hacen público su patrimonio ofrece menos información de la que se exige o publica en otros ámbitos de gobierno.