Por omitir la correspondiente consulta previa a las personas con discapacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó preceptos del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, ahora la Directiva del Congreso del Estado deberá dar cumplimiento a la resolución del máximo tribunal. Cinthia Verónica Segovia Colunga presidenta de la Comisión de Justicia del Legislativo señaló que será la Directiva la que determina la realización de estado consultas que dejaron de hacerse y que nuevamente ‘tumban’ asuntos ya legislados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 91, en sus porciones: “personas incapaces” y “personas con discapacidad”, del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante decreto publicado el 2 de diciembre de 2022, en el cual se preveía que la o el juez, al recibir una solicitud de divorcio encausado –aquel para cuya procedencia no se requiere un motivo o causa, sino el simple deseo de disolver el matrimonio–, tendría la facultad de decretar las medidas provisionales necesarias, a fin de proteger, entre otras, a las personas incapaces y las personas con discapacidad. La Corte determinó que afectaban directamente los intereses de las personas con discapacidad, por lo que, de conformidad con los artículos 1º de la Constitución General y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, existía la obligación de consultarles de forma previa, cuestión que no se llevó a cabo. La acción de inconstitucionalidad 166/2022, fue promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, demandando la invalidez del artículo 91, del Código Familiar para el mencionado Estado, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 2 de diciembre de 2022.