Es cierto que Jair Bolsonaro no ha sido un Presidente popular, sin embargo tiene el respaldo de algo más de un tercio de los brasileños El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó oficialmente su campaña de reelección el pasado fin de semana con insinuaciones sobre las posibilidades de un fraude electoral en los comicios de octubre próximo. Los señalamientos no sorprendieron a nadie. Son parte de la retórica del mandatario, que el pasado 18 de julio convocó a casi medio centenar de embajadores acreditados en Brasilia, para denunciar que el sistema de votación del país es vulnerable a manipulaciones. Es cierto que Bolsonaro no ha sido un Presidente popular, aunque tiene el respaldo de algo más de un tercio de los brasileños, y ya hace más de un año ha estado en desventaja constante ante el seguro candidato izquierdista, el popular expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.  Pero sus denuncias sobre las fallas del sistema de votación y, por tanto, del aparato electoral brasileño, son mucho más que una queja o una justificación antes del hecho. Son parte de una tendencia en la que candidatos o partidos, aun desde el poder y a meses de los comicios, acusan fraudes por ocurrir que sólo sirven para cuestionar la confiabilidad de las autoridades a cargo de ello. No es nuevo ni original. El 1 de agosto de 2016, el entonces aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, "sugirió su temor de que será arreglada (la elección)", en una afirmación sin precedentes por un candidato presidencial moderno, relató una nota de la agencia Prensa Asociada firmada por Jonathan Lemire. Fue un mantra al que luego daría un descanso, pero retomó durante la campaña electoral de 2020, y usó para calentar la cabeza de grupos conspiracionistas que, el 6 de enero de 2021, asaltaron el edificio del Capitolio con la esperanza de evitar la certificación de resultados que daban el triunfo al demócrata Joe Biden. Las afirmaciones y acciones u omisiones de Trump fueron denunciadas a su vez por una amplia gama de políticos y analistas en Estados Unidos, donde se les considera como un precedente peligroso para su democracia.  Ahora, lo que puede ser un problema similar asoma la cabeza en México, aunque está calificado por una larga polémica entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional Electoral (INE). Parte del conflicto está en el costo del INE y los salarios de sus integrantes, que AMLO considera como excesivos, y también en los señalamientos que el instituto realiza sobre presuntos abusos del gobierno y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que recién publicó un desplegado contra el organismo electoral. El pleito entre ambos tampoco es nuevo. Después de todo, el partido en el poder sirve como "punta de lanza" en los ataques políticos y ampliar sus márgenes de acción, mientras que al INE corresponde tratar de hacer respetar leyes y reglamentos. Los cuestionamientos pueden ser considerados válidos, pero las implicaciones... POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

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