En el debate sobre la relación entre el Estado de Derecho y la educación de las nuevas generaciones, es inevitable reflexionar sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La posibilidad de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular ha polarizado opiniones, pero hay un punto menos debatido: el impacto que estos cambios pueden tener en la educación de una ciudadanía crítica y consciente. ¿Acaso estamos educando a jóvenes para defender un Estado de Derecho en un país donde las instituciones pueden politizarse al grado de perder su independencia? Históricamente, la educación ha sido el pilar sobre el cual se construyen las sociedades democráticas. Sin embargo, en la narrativa de la Cuarta Transformación (4T), la educación parece más orientada a formar un ciudadano obediente al discurso oficial que a promover la autonomía crítica que el Estado de Derecho exige. Este concepto, fundamental para la coexistencia civil, se basa en la sujeción de todos, incluidos los gobernantes, a un conjunto de leyes y normas preestablecidas. ¿Qué sucede, entonces, cuando estas normas están sujetas a la opinión popular o al capricho de la política de turno? La propuesta de AMLO, que podría parecer en primera instancia un avance democrático, tiene en realidad implicaciones mucho más profundas para el sistema educativo. Elegir jueces por voto popular abre la puerta a la extrema politización de un poder que, por definición, debería ser imparcial. Si esto ocurre, el mensaje a las nuevas generaciones es claro: no importa la ley, importa la voluntad de la mayoría. La educación, en este sentido, se convierte en una herramienta no para formar ciudadanos que defiendan los principios democráticos, sino para moldear mentes según las tendencias políticas del momento. La idea de que jueces, magistrados y ministros deban someterse al escrutinio del electorado parece, en la superficie, un ejercicio de transparencia y poder popular. Sin embargo, expertos han señalado los peligros inherentes a esta propuesta. Un juez que deba su puesto a la voluntad popular se verá inclinado a tomar decisiones que busquen el favor de esa mayoría, y no necesariamente las que estén alineadas con la justicia y el respeto a la ley. Y aquí radica un riesgo educativo significativo: estamos enseñando a los jóvenes que las instituciones, antes que ser protectoras de derechos, son escenarios para el juego de poder. Es en las aulas donde los futuros ciudadanos deben aprender a defender el Estado de Derecho como el mecanismo que protege sus derechos individuales y colectivos, independientemente de quién esté en el poder. Sin embargo, con la creciente influencia política en el sistema judicial, las lecciones sobre imparcialidad, justicia y el valor de la independencia institucional corren el riesgo de ser reemplazadas por lecciones de pragmatismo político. ¿Es este el futuro educativo que queremos para México? La escuela, espacio tradicional de la crítica y la reflexión, tiene la responsabilidad de enfrentar estas narrativas populistas. Sin embargo, bajo un régimen que constantemente utiliza la educación como vehículo para consolidar una visión política particular, los docentes y estudiantes enfrentan un reto mayúsculo. En numerosas reflexiones y han señalado cómo la reforma educativa de la 4T ha puesto énfasis en el adoctrinamiento más que en la construcción de habilidades críticas. La tentación de usar la educación para fines políticos siempre ha estado presente, pero es en tiempos como este cuando debemos cuestionarnos si estamos dispuestos a sacrificar la calidad y la independencia del pensamiento por la satisfacción momentánea de una mayoría política. Al final del día, la pregunta clave es: ¿cómo podemos educar a niños y jóvenes que defiendan el Estado de Derecho cuando las mismas instituciones que deberían protegerlo están bajo amenaza? Si la elección de jueces por voto popular se implementa, será necesario replantear seriamente cómo y qué estamos enseñando en las escuelas sobre el valor de la ley y la justicia. Porque si un juez puede ser elegido por la mayoría, ¿qué impide que el concepto de justicia se distorsione en el proceso? Algunos dirán que esta propuesta es un avance hacia la verdadera democracia, pero otros, entre ellos muchos educadores, verán en ella un paso más hacia la manipulación del sistema judicial por intereses políticos. Y aquí es donde la ironía se presenta en su forma más cruda: mientras se habla de empoderar a la gente con el voto, lo que realmente se está empoderando es el poder mismo, un poder que, una vez en manos de las mayorías, puede aplastar los derechos de las minorías. Porque, al final, como alguna vez se dijo en tiempos de la Ilustración, “las mayorías no siempre tienen la razón, pero siempre tienen el poder”. Salto de página

La próxima semana se vota la reforma al poder judicial en el Senado de la República. Hasta el cierre de este texto, 43 senadores de la oposición, han manifestado públicamente su voto en contra, para rechazar su aprobación. Desde la Sociedad Civil daremos seguimiento para el cumplimiento de su palabra. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender de niños y jóvenes en SLP

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