El público desacuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Embajador que Salazar en turno a la reforma judicial en México comienza a alcanzar niveles preocupantes. El debate público en torno a una medida que también es tema de discusión en la sociedad mexicana, y gustar o no, una vara de medir entre partidarios y críticos del régimen López Obrador. Lo cierto es que México es un país muy vinculado al mundo y lo que pase aquí, sus posiciones domésticas, tienen un mayor impacto que el que pensaban o creen el presidente López Obrador y los simpatizantes de la cuarta transformación. El choque se origina entre dos visiones: una, la propuesta por el presidente López Obrador de un poder judicial que a querer o no va a resultar o bien dependiente del objetivo o bien integrado por simpatizantes del régimen. No es una crítica, es simplemente el señalamiento de una realidad. El efecto será el mismo, la aprobación de las iniciativas presidenciales, quien quiera que sea el presidente, o la adecuación de las leyes a sus necesidades políticas. La visión de Salazar no sólo refleja las consideraciones ideológicas y políticas de su propio país, sino también los intereses de inversionistas que se consideran menos protegidos por un poder judicial afín al gobierno. Cierto que eso no elimina problemas de corrupción ni de influencias indebidas. Pero esa preocupación es compartida, además, por inversionistas de otras regiones, especialmente europeos. El hecho, en todo caso, es que una reforma que teóricamente debió haber sido más consultada, mejor consensuada, y más negociada, se ha convertido en un problema político importante para el régimen, literalmente una "piedra de toque", sin contar su impacto futuro. No es un problema simple. En términos reales, tiene muchísimas implicaciones incluso para el futuro de la relación económica de México y Canadá. Sus principales socios comerciales de inversión y comercio. Del lado mexicano puede hablarse de una interpretación decimonónica del concepto de soberanía, pero es uno con el que concuerdan muchos mexicanos. ¿En qué medida afectará a la inversión externa en México? Esa interrogación es una de las grandes preguntas que ahora circulan en el país. Para unos, la vecindad y la necesidad geopolítica de los estadounidenses van a llevar a suavizar el impacto negativo que pudiera ocurrir. Para otros, sin embargo, es más complicado: las empresas estadounidenses o europeas invierten al margen de lo que determinen sus gobiernos, en un aparente acuerdo con los partidarios del régimen, pero eso también implica que toman sus decisiones con base en sus intereses y con base en aquella consideración que los hagan sentir seguros y, para bien o para mal, si las leyes mexicanas no les dan certidumbre, pueden tranquilamente abstenerse reducir su nueva inversión y simplemente sostener la necesaria para mantener infraestructura aquí. El tema es que es un desacuerdo que no debiera ser. POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

[email protected]              

@CARRENOJOSE1