A principios del siglo XIX, México signó su destino republicano y democrático. En efecto, la Constitución de 1824 se convirtió en nuestro documento fundador, pues ahí se estableció, por primera vez, que nuestro país aceptaba la modernidad política y negaba ambiciones monárquicas o imperiales. En toda la América hispana la inspiración fue la Constitución estadounidense de 1787, la cual estipulaba que los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrían que sujetarse a la aprobación ciudadana y que esto debería ser hecho a través de elecciones. Aunque en Estados Unidos esto se ha realizado desde 1788 de manera ininterrumpida, en México sólo ha habido verdaderas elecciones legítimas hasta fines del siglo pasado y principios de este. Al menos desde el año 2000, si no es que antes, nadie en su sano juicio podría poner en cuestión la excelencia del sistema electoral mexicano, que incluso se convirtió en un ejemplo para otras naciones. Este sistema se enfrenta este año al que quizás sea su mayor desafío hasta ahora: la celebración de la elección más grande y compleja de su historia, en condiciones por demás problemáticas. Alrededor de 98 millones de personas podrán potencialmente participar en el proceso electoral de este año para elegir a más de 20 mil 300 representantes populares a nivel federal, estatal y municipal. En México, nunca antes tantos habrían elegido a tantos en una elección. Lo que caracterizará al proceso electoral en 2024, de manera más fundamental, es el hecho de que, por primera vez desde que hay elecciones justas, el régimen en el poder federal no es leal a la democracia liberal. Para decirlo con otras palabras: tanto el Presidente como la mayoría de su grupo en el Congreso han dejado claro que quizás no aceptarán la legitimidad de un triunfo de la oposición. Esto ha sido declarado de manera verbal, pero también por medio de acciones. El intento de capturar tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante maniobras burocráticas, debe considerarse un elemento grave de riesgo de la elección del próximo 2 de junio. A este problema hay que agregar el hecho de que existe hoy un mayor escepticismo sobre la capacidad tanto del INE como del TEPJF para aplicar la Ley con justeza a grupos políticos cada vez más reacios a someterse a las normas establecidas, como ha sido claro en las múltiples violaciones a la Ley durante las pre-campañas.  A la debilidad institucional de sendas instituciones debemos añadir el hecho de que ellas enfrentarán las elecciones más grandes en la historia del país con un presupuesto menor al esperado y necesario para solventar las necesidades logísticas, producto de decisiones tomadas por el régimen. Sin duda, el gobierno federal y los gobiernos estatales ideológica y políticamente supeditados a él quieren instituciones electorales débiles que no puedan imponer su autoridad el día de la elección. Corresponderá a la ciudadanía mantenerse al tanto y propiciar un mayor diálogo con las autoridades electorales que, por lo menos, hagan más probable una jornada electoral satisfactoria. POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER