La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos que promuevan la violencia contra niños y adolescentes. La medida busca eliminar materiales que difundan abuso, acoso, inducción al daño autoinfligido o situaciones que pongan en riesgo la integridad de esta población. Ante este escenario, especialistas señalan que, si bien es un paso relevante, la implementación plantea desafíos técnicos y éticos significativos. María del Carmen Fernández, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey, analizó el alcance de esta disposición. La experta subrayó que la protección de menores en entornos digitales es una problemática compleja que trasciende la simple eliminación de publicaciones. "Este decreto ciertamente abre una discusión importante sobre la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, pero hay que observar otras dimensiones", afirmó la investigadora. Uno de los puntos críticos del decreto es la ambigüedad en su redacción, lo que podría derivar en una censura excesiva por parte de las empresas tecnológicas. Al enfrentar posibles sanciones, las plataformas podrían optar por retirar contenidos de manera discrecional ante la falta de criterios técnicos precisos. Esta situación genera preocupación sobre el acceso a la información y el derecho de los menores a participar en la vida digital de forma segura y educativa. "Debemos distinguir entre contenidos, efectivamente, que promueven conductas dañinas de aquellos que informan, por ejemplo, o denuncian o incluso educan sobre ella", señaló Fernández. La especialista enfatizó que cualquier sistema de moderación debe contar con mecanismos transparentes para evaluar resultados y evitar que las decisiones sobre qué se elimina queden al arbitrio de las empresas. Según la investigadora, es fundamental vigilar quién toma estas decisiones y bajo qué parámetros se ejecutan. "Creo que toda medida plantea desafíos técnicos, de privacidad, pero también cualquier sistema de moderación requiere criterios claros", puntualizó la doctora. Corresponsabilidad y el papel de los algoritmos

El decreto otorga un plazo de 30 días a las empresas para ajustar sus políticas bajo la advertencia de posibles sanciones. Sin embargo, la doctora Fernández advirtió que la prohibición por sí sola no constituye una solución completa. La experta destacó que el diseño de las plataformas, específicamente sus algoritmos de recomendación, juega un papel determinante en la viralización de contenidos, los cuales suelen ser rentables para las compañías. "La experiencia internacional de regulación de redes sociales nos ha enseñado que la prohibición no es la solución completa. Tendríamos que añadir otras medidas muy importantes que tienen que ver también con la responsabilidad de las familias, de las escuelas, de las universidades", concluyó la investigadora. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

La propuesta central de la especialista es transitar hacia un modelo de corresponsabilidad donde se integre la alfabetización mediática y se analice el impacto de los códigos de ética y la autorregulación de los medios digitales, reconociendo que la problemática actual requiere una atención multidimensional. Con información de El Heraldo de México