A nombre del Estado, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, quien en septiembre de 2011, fuera sujeto de violaciones graves a sus derechos humanos luego de ser detenido en la Ciudad de México acusado del robo de un vehículo y que tras declarársele “inimputable” por su condición de discapacidad psicosocial e intelectual, se le negó el derecho a la defensa o impugnar los cargos y debió permanecer en el Reclusorio Sur durante cuatro años. El caso fue llevado por su familia, representada por la organización Documenta A.C. al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, la cual confirmó en un histórico dictamen en agosto de 2019 que al joven de 21 años se le negó el acceso a la justicia y al debido proceso de las personas con discapacidad. "A nombre del Gobierno de México te ofrezco una disculpa, sin condición alguna, por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de impartición y procuración de justicia de la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década”, dijo Encinas.  El funcionario se refirió a la trascendencia que tiene este asunto porque obliga a nuestro país a no solo a la disculpa pública, a la reparación del daño e indemnización para Arturo sino a cambiar la legislación local y federal con respecto a la figura de “inimputabilidad” y el “procedimiento especial” para personas con discapacidad. "Este es un hecho de gran relevancia para nuestro país, es el primer dictamen para México por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un llamado urgente de las Naciones Unidas para que México atienda a cientos de miles de personas con discapacidad que no tienen plena garantía de acceder a la justicia”. En la ceremonia llevada a cabo en la Secretaría de Gobernación, que debió realizarse desde marzo de 2020, pero que por las condiciones de pandemia se retrasó, también hubo una disculpa por parte de la Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.  "Los hechos que viviste Arturo Medina el 14 de septiembre de 2011, que motivaron la violación a tus derechos humanos por parte de los órganos de procuración y administración de justicia son lamentablemente un ejemplo claro de una forma obsoleta, prejuiciosa y discriminatoria de aplicar la ley”. En su oportunidad, la señora Judith Medina, madre de Arturo, ambos presentes en el salón Juárez , aceptó las disculpas del Estado mexicano, pero recordó los miles de casos de personas con discapacidad en prisión que no acceden a una justicia de acuerdo a su condición. "Y me da gusto que hayan reconocido que es necesario que se cambien las leyes, los procedimientos y el actuar de las autoridades de todos los niveles, en especial los que tienen el primer contacto, como son los policías y los ministerios públicos ya que por nuestra experiencia que pasamos se burlaron, nos discriminaron e hicieron mofa en todo momento de mi hijo, de su sufrimiento y el de toda su familia. Una vez que estábamos en el juzgado noveno penal del Reclusorio Norte el juez impidió totalmente que mi hijo tuviera un representante o abogado”, señaló.   El dictamen del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU demanda al Estado mexicano actualizar sus leyes de la Ciudad de México, federales o estatales con respecto a la figura de “inimputabilidad” y el “procedimiento especial” a fin de garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso de este tipo de población. Además, revisar la aplicación de “medidas de seguridad” que implican el internamiento para un tratamiento médico psiquiátrico y crear alternativas que se ajusten a principios de la Convención sobre los derechos humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD). De igual modo, el que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial reciban apoyos y ajustes razonables según sus necesidades para que puedan ejercer su capacidad jurídica ante tribunales, así como impartir a jueces, oficiales, agentes de Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial formación adecuada y continua sobre el alcance de la CDPD y su protocolo facultativo.

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Con información de Excelsior