En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asumió de forma directa la responsabilidad por las fallas operativas ocurridas durante la manifestación del pasado domingo frente a Casa Jalisco. El mandatario calificó el despliegue policial como un operativo con "graves deficiencias" que derivó en un uso excesivo de la fuerza y detenciones que no debieron ocurrir. "Antes que gobernador soy persona y en la vida se debe saber reconocer y corregir", manifestó el titular del Ejecutivo estatal, tras confirmar que revisó personalmente decenas de videos que evidencian los momentos críticos en los que el control de la situación se perdió por completo. El gobernador fue enfático al señalar que el uso de gas y agua en contra de los asistentes rebasó los protocolos permitidos, vulnerando la seguridad de los ciudadanos. Como primera respuesta institucional, el Gobierno de Jalisco confirmó que el cien por ciento de las personas detenidas durante la protesta civil ya han recuperado su libertad. Asimismo, se dio a conocer que los elementos policiales que cometieron abusos de autoridad ya se encuentran plenamente identificados por las autoridades correspondientes. Para garantizar la transparencia en el deslinde de responsabilidades, Lemus ordenó abrir una investigación interna de manera inmediata. Este proceso será auditado y acompañado de forma directa por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con el objetivo de aplicar las sanciones administrativas o penales que correspondan según el nivel de implicación de cada uniformado. "El que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro", sentenció el mandatario, comprometiéndose a asegurar la reparación del daño a las víctimas y a implementar medidas estrictas de no repetición. Aprovechando su intervención, el gobernador abordó los señalamientos y la preocupación social que giran en torno a la iniciativa enviada al Congreso local para la construcción del nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Con el fin de mitigar los rumores de los últimos días, Lemus ofreció su palabra y definió de forma tajante las condiciones bajo las cuales se ejecutará el proyecto de infraestructura hídrica: Sin privatización: El servicio de agua potable continuará bajo la administración pública y no se concesionará. Finanzas sanas: La obra se financiará sin la contratación de deuda pública para el estado. Tarifas congeladas: No se aplicarán incrementos a los costos del servicio que pagan los usuarios finales. Sin contratos extranjeros: Desmintió categóricamente que la operación o infraestructura del agua vaya a ser entregada a alguna empresa de origen israelí. El mensaje concluyó con el compromiso del Ejecutivo de mantener abiertas las vías de diálogo y de ajustar los esquemas de seguridad pública para evitar que escenarios de confrontación violenta vuelvan a suscitarse en la entidad.