La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones de junio pasado también fue una victoria de Andrés Manuel López Obrador. La victoria de la reforma judicial de López Obrador sería, no obstante, una derrota de Sheinbaum. Infligida, para más inri, por su mentor político, por su propio partido y por la coalición con la que habrá de gobernar en contra de su presidencia. Mucho se ha dicho ya en cuanto al potencial negativo de dicha reforma en términos de riesgo político, retroceso democrático, disrupción de la justicia, incertidumbre económica y conflictividad social. Poco se ha reparado, sin embargo, en su impacto sobre la gobernabilidad; específicamente, sobre cómo el control que ejercería el obradorismo sobre el ámbito jurisdiccional (porque a estas alturas pretender que la reforma se trata de otra cosa es no haber prestado atención o estarse haciendo el tonto) trastocaría no sólo el mundo de la impartición de justicia sino la capacidad de gobernar de la próxima presidenta. Me explico. De entrada, si se confirma que Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán serán presidenta y secretario general de Morena a partir de octubre, Sheinbaum tendrá el poder de la presidencia, pero no el control del partido. Y sin control del partido, tampoco tendrá el control del Congreso. Aunado a la permanencia del último secretario de Hacienda de López Obrador (Rogelio Ramírez de la O) y del nombramiento de un próximo secretario de la Defensa (Ricardo Trevilla) que, según ha trascendido, también es cercano al presidente –lo mismo, por cierto, que los próximos secretarios de Educación, Gobernación, Bienestar y Función Pública–, no parece que vaya a ser menor la influencia de López Obrador sobre su gabinete. Por último, está la permanencia del fiscal general (Alejandro Gertz) hasta 2028. Si, además, pasa la reforma judicial en los términos que se ha planteado, el control sobre jueces, magistrados y ministros no lo ejercería ella sino cinco magistrados que serían electos popularmente para encabezar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. El cerco en torno a Sheinbam luce, en palabras de un caudillo cuyo nombre prefiero no recordar, “atado y bien atado”. Desde luego, eso no significa que la presidenta vaya a estar manca o a quedarse cruzada de brazos. Sí anticipa, con todo, que su margen inicial de maniobra será muy restringido. Y si a eso le sumamos la delicada situación de las finanzas públicas que le deja su antecesor, da la impresión de que el suyo no será, no podrá ser, un sexenio que arranque a tambor batiente o en el que haya espacio para decisiones ambiciosas, originales o audaces. Así, en la víspera de su ascenso a la presidencia, más que para “construir el segundo piso de la transformación” las condiciones imperantes apuntan a que la de Sheinbaum puede terminar siendo una administración que gobierne, si acaso, para darle mantenimiento al primero. POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@CARLOSBRAVOREG