El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco acordó imponer un total de 6 multas de las cuales 5 corresponden a 3 servidores públicos en su calidad de presidentes municipales, en la lista se encuentra Luis Alberto Michel Rodríguez, del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Al respecto y en entrevista para “Así las Cosas”, la Comisionada Presidenta, Olga Navarro Benavides, explicó que la multa al Ayuntamiento de Puerto Vallarta se origina de una solicitud de transparencia que realizó un ciudadano y en la cual se constató que no rindió el informe de ley en lo relativo al Presupuesto de Egresos. “Esto es el insistir en la opacidad de una información que definitivamente es fácil de tener publicada, como lo es, todo lo que de lo relativo al presupuesto de egresos y formas de distribución de los recursos que se otorga a este municipio; tal cual un solicitante quiso conocerlo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en su artículo 71 y al no encontrarla en este lugar fue que decidió obviamente interponer un recurso”, dijo. Explicó que el ITEI revisó el asunto y efectivamente no estaba publicada ni en la Plataforma Nacional de Transparencia ni tampoco en el portal de internet de este sujeto obligado, es por ello que se hizo acreedor a una multa que ronda los 2 mil 074 pesos, la cual va con cargo directamente al presidente municipal, sin embargo, de insistir en la opacidad podría ser arrestado y denunciado por la vía penal. Explicó que cuando un sujeto obligado es acreedor a una amonestación pública, se le vuelve a dar un plazo de días hábiles para que de nueva cuenta publique la información, y si insiste en el incumplimiento de la resolución del pleno de la institución, entonces ya es acreedor a la multa y si insiste en incumplir, pues prácticamente se aplica al arresto administrativo hasta por 36 horas, y la consiguiente denuncia penal. “Esto no es un juego, definitivamente por un tema de opacidad o de no publicar lo que por ley deben tener todos y cada uno de los sujetos obligados de aquí de Jalisco pues pueden llegar incluso a tener un problema de índole penal por justamente configurarse un delito en contra del derecho de Acceso a la Información Pública tal cual lo marca nuestro Código Penal del Estado de Jalisco”, expuso. Reiteró que la correcta publicación de la información que ellos administran y generan, no es por ocurrencia, sino que es para que las personas puedan conocer, qué decisiones están tomando los gobiernos y sobre todo cómo se está llevando a cabo el uso del recurso público, “del cual los ciudadanos somos dueños”.