MIENTRAS LA DISCUSIÓN pública se centraba en los ajustes a la nueva Ley de Telecomunicaciones, los datos comenzaron a contar una historia distinta, no en el terreno político, sino en el comportamiento del mercado.

Ahí, donde las decisiones no se anuncian y se ejecutan, los usuarios están mandando una señal al gobierno de la 4T y están optando por no participar en el registro de líneas celulares.

El primer trimestre de 2026 marcó un punto de inflexión para el mercado móvil en México. Según The Competitive Intelligence Unit, de Ernesto Piedras, registró una pérdida cercana a un millón de líneas.

Las caídas fueron de 577 mil en AT&T, que dirige Mónica Aspe, y 391 mil en Telcel, que encabeza Daniel Hajj.

A esto se suma una reducción de 74 mil líneas en operadores móviles virtuales (OMV), la primera contracción del segmento desde el segundo trimestre de 2019.

Una ruptura total en la tendencia de crecimiento.

Pero no sólo debemos de fijarnos en la magnitud, también en el origen del fenómeno. La pérdida de líneas no responde a una mayor desconexión.

Por el contrario, su tasa de cancelación disminuyó, ubicando a Telcel en 3.0%; AT&T, en 5.6%, y los OMV, en 7.4%, también con una caída. Es decir, los usuarios no abandonan el servicio; simplemente ya no están entrando.

 Las adiciones brutas confirman este comportamiento. Telcel dejó de sumar 1.2 millones de líneas, AT&T registró una caída de 1.4 millones en nuevas altas, y los OMV reportaron una reducción de hasta tres millones en comparación con el trimestre previo.

En términos de mercado, esto equivale a un freno abrupto en la expansión de la base de usuarios.

El detonante de los números a la baja es el registro obligatorio. En un país donde el prepago concentra la mayor parte de líneas, cualquier fricción tiene efectos inmediatos.

La activación de una línea ya no depende sólo de comprar un sim y ahora se deben cumplir requisitos adicionales.

Hay que pasar por validaciones, documentación, y aunque digan que no, por lo menos en la empresa de Carlos Slim, por un registro biométrico del rostro, y procesos que, en la práctica, elevan el costo de entrada.

Para millones de usuarios, especialmente aquellos de menor ingreso o uso ocasional, ese costo deja de ser aceptable.

Y aquí es donde el diseño institucional empieza a mostrar su desconexión de la realidad. No olvidemos que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que encabeza José Antonio Peña Merino, fue concebida para reorganizar el sector bajo nuevas reglas.

Pero su viabilidad depende de un factor que no controla, y esa es la disposición de los usuarios a integrarse. Y lo que muestran los datos es una forma de rechazo sostenido, silencioso y efectivo.

Para la población, registrarse se ha convertido en una decisión racional, debido a que el problema de raíz es la confianza en un gobierno que hoy tiene vulneraciones de datos, y mañana también.

MEXICO INFRASTRUCTURE PARTNERS (MIP), de Mario Gabriel Budebo, anunció un plan de 12 mil millones de dólares que obliga a mirar más allá del discurso y medir resultados, con metas como desplegar seis gigawatts en energías renovables y cerca de 700 kilómetros de carreteras que introducen cifras concretas en una agenda marcada por rezagos de ejecución. Alrededor de 70 millones de trabajadores, a través de las Afores, quedan vinculados indirectamente como inversionistas en esta estrategia, lo que convierte el ahorro en palanca productiva dentro de un esquema de corresponsabilidad. La estructura financiera, dividida en seis mil millones en capital y seis mil millones en deuda, plantea un equilibrio que deberá sostenerse frente a un entorno global aún incierto. De los 12 mil millones, ocho mil se concentran en energía, confirmando dónde están hoy las presiones más urgentes del sistema, mientras que los 500 millones destinados a infraestructura digital dejan ver un rezago persistente. En carreteras, los 500 kilómetros nuevos y 200 kilómetros adicionales vía adquisiciones delinean un modelo que combina expansión con consolidación de activos existentes.

A PESAR DE una moderación en el consumo y en la colocación de tarjetas de crédito al inicio del año, Invex Banco mantiene una estrategia ofensiva basada en alianzas. El objetivo es escalar posiciones hasta convertirse en el quinto emisor de tarjetas en el país en el corto plazo. El banco, que dirige Jean-Marc Mercier, plantea colocar cerca de 800 mil plásticos durante el año, al impulsar acuerdos con Volaris, Amazon, Walmart y Hilton, buscando ecosistemas de consumo ya consolidados. Con la alianza con la cadena hotelera Hilton, se proyectan unas 50 mil tarjetas, que apunta a un segmento más específico ligado a viajes. Para Hilton, la apuesta también es estratégica, al vincular fidelidad de clientes con expansión, que incluyen 50 nuevas propiedades en México.

UN TRIBUNAL FEDERAL inhabilitó por 10 años y sancionó con 261 millones de pesos a René Gavira, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, y a dos exfuncionarios por irregularidades en esa dependencia. La resolución confirma que hubo abuso de funciones, al autorizar compras urgentes de maíz y frijol, en 2019, sin acreditar una emergencia real. El argumento central es que no existía desabasto en Diconsa que justificara adjudicaciones directas fuera del esquema de precios de garantía. La responsabilidad también alcanzó a Oliverio Pérez Santoyo y Miguel Carrillo Villarreal, quienes participaron en las decisiones. La defensa sostuvo que las compras fueron avaladas por el entonces director general, Ignacio Ovalle, quien increíblemente hasta ahora no ha sido imputado.

FIBRA MONTERREY, QUE capitanea Jorge Ávalos, ajustó su estrategia, al elevar el factor de intercambio de 3.00 a 3.20 certificados, en un intento por reforzar el atractivo de su oferta sobre Fibra Macquarie. La operación plantea una combinación de efectivo y CBFIs para adquirir hasta 100% de los títulos en circulación, mostrando una apuesta por consolidación. Con este nuevo nivel, el precio implícito alcanza 51.20 pesos por certificado, mientras que el valor combinado ronda los 49.37 pesos por unidad. La alternativa en efectivo, fijada en 44.00 pesos por certificado, se limita a cerca de 25% del total disponible. En conjunto, la oferta podría superar los 39 mil 300 millones de pesos si logra la adhesión completa. La extensión del plazo hasta el 29 de mayo evidencia que aún hay margen para negociación y definición.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE