A unos días de la histórica jornada electoral del 1 de junio, en la que por primera vez se elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el panorama es incierto y preocupante. Así lo advierte el Octavo Reporte Judicial de la consultora Integralia. En entrevista para “Así las Cosas” Juan Manuel Ureiro, consultor senior de riesgo político señaló que existe apatía por salir a votar por múltiples causas, entre ellas, la complejidad inédita del proceso. “Encontramos un sentimiento positivo hacia la idea de elegir a los juzgadores, pero esto contrasta fuertemente con el desinterés ciudadano durante las campañas”, explicó. En la Ciudad de México, por ejemplo, el electorado votará en promedio por 51 cargos diferentes. A nivel nacional, se renovarán 881 cargos del Poder Judicial, además de miles de puestos en lo local, lo que hace que esta elección supere en magnitud incluso a la federal de 2024. “Este desinterés es resultado de una estructura judicial que de por sí ha sido históricamente compleja y poco conocida, y ahora se le suma una campaña limitada, sin eventos masivos y con escasos recursos”, agregó Ureiro. Según sus estimaciones, el presupuesto para esta elección fue de apenas la mitad respecto al del año pasado. Otro hallazgo preocupante del reporte es el desconocimiento generalizado de los candidatos. Aunque plataformas como Conóceles del INE buscaron transparentar trayectorias, la mayoría de la ciudadanía sigue sin saber quiénes son los aspirantes. “Hay cargos que ni siquiera tienen competencia real: al menos 51 tienen candidaturas únicas”, señaló. Esto, sumado a la baja visibilidad de las campañas, abre la puerta a votaciones motivadas por presión o compra del voto. Juan Manuel Ureiro también alertó sobre el uso de "acordeones", listas que indican cómo votar y que algunas organizaciones han promovido de forma explícita. “No solo dicen cómo votar, sino por quién, con nombres y cifras. Esto podría constituir un delito electoral y representa una distorsión del principio de equidad”, dijo. Además, subrayó que muchos de los aspirantes tienen antecedentes preocupantes. “Se colaron personas con señalamientos de violencia familiar, impago de pensiones o incluso vínculos con el crimen organizado”, denunció. En su opinión, esto se debe a una reforma “hecha al vapor, sin estructura ni tiempo suficiente para un verdadero filtro”. Uno de los mayores retos, advierte Integralia, será el conteo de votos. Las boletas están saturadas de nombres y fórmulas, y el proceso será lento, ya que los cómputos se realizarán en oficinas distritales del INE sin presencia ciudadana. “No se cancelarán boletas sobrantes, no habrá funcionarios de casilla para esta elección, y los resultados tardarán días: los de la SCJN se sabrán hasta el 3 de junio y los del resto hasta el día 10”, dijo Ureiro. Finalmente, planteó la necesidad de corregir el rumbo. “La actual reforma fue parchada sobre la marcha, se corrigieron errores a última hora y aun así dejó huecos peligrosos. Se requiere una reforma nueva, bien pensada y mejor estructurada si realmente se quiere democratizar al Poder Judicial”, concluyó.