La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 13/25 tras investigar 50 quejas vinculadas con la desaparición de 52 personas entre 2015 y 2023 en 13 municipios de la entidad. En el documento se señala la actuación deficiente de autoridades estatales y municipales, así como la revictimización de familiares que presentaron las quejas ante el organismo. De las 52 personas desaparecidas, 45 eran hombres y 7 mujeres. Hasta ahora, sólo once han sido localizadas, lamentablemente sin vida. Las desapariciones ocurrieron en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta, Tomatlán, entre otros. La CEDHJ determinó que hubo múltiples violaciones a derechos humanos, tales como la falta de legalidad y seguridad jurídica, omisiones en la procuración de justicia, y ausencia de acciones efectivas de búsqueda y localización. Entre las autoridades señaladas están agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la entonces Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej). Casos emblemáticos: omisión, negligencia y desaparición forzada Uno de los casos más graves documentados es el de la queja 3825/2023, en la que se acreditó la desaparición forzada de una persona por parte de policías de la Comisaría de Seguridad Pública de Sayula. Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2020, cuando agentes de esa corporación detuvieron a la víctima en su domicilio sin registrarla ni ponerla a disposición de alguna autoridad. A la fecha, no ha sido localizada. Otro expediente destacado es el 1966/2021, acumulado con el 959/2024, que relata la desaparición de un hombre el 15 de septiembre de 2015 en Tlajomulco de Zúñiga. La familia denunció la falta de atención de la Fiscalía del Estado (FE) y la necesidad de realizar búsquedas por cuenta propia. Aunque el cuerpo fue localizado e ingresó al IJCF un mes después, su identificación formal se dio hasta diciembre de 2023, es decir, ocho años después. “Las indagatorias no se ciñeron a los principios de efectividad, debida diligencia ni transparencia, y no se hizo un plan de investigación conforme al Protocolo Homologado”, señala el informe. En el caso de Tomatlán, en la queja 7372/2022, se demostró que policías municipales no activaron los protocolos ni dieron aviso a la Fiscalía tras recibir un reporte de desaparición. Fue la propia familia de la víctima quien presentó la denuncia. Recomendaciones a cinco autoridades La CEDHJ emitió recomendaciones dirigidas a la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el IJCF, la Comisión de Búsqueda del Estado, así como a los gobiernos municipales de Sayula y Tomatlán.

Entre las principales medidas solicitadas se encuentran: Capacitación urgente a personal involucrado en la atención de estos casos.

Inscripción de víctimas indirectas en los registros estatal y nacional.

Adopción de acciones inmediatas para búsqueda y localización con base en protocolos homologados.

Sanciones administrativas a funcionarios responsables de omisiones.

Agregar esta recomendación a los expedientes laborales de policías implicados en violaciones de derechos.

La Comisión enfatizó que las fallas documentadas no solo impidieron la localización de personas, sino que perpetuaron el sufrimiento de sus familias al negarles el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. “La prolongación del sufrimiento y la incertidumbre por omisiones institucionales no puede ni debe repetirse. Esta recomendación es un llamado urgente a las autoridades para asumir su responsabilidad y actuar con eficacia”, concluyó el organismo defensor.