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Se podría imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de no presentar los avances solicitados
16:51 viernes 3 julio, 2026
San Luis
San Luis Potosí, SLP. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un nuevo requerimiento al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que acredite, en un plazo de 20 días hábiles, las acciones y gestiones emprendidas para dar cumplimiento a la sentencia que lo obliga a realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
El máximo tribunal del país apercibió formalmente a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo, con imponerles multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de no presentar los avances solicitados.
El acuerdo, emitido el pasado 1 de julio dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, se da luego de que el coordinador de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo, Walter Alfonso Espinoza Huerta, informara sobre una reunión de revisión sostenida el 26 de mayo con personal de la SCJN.
El Legislativo expuso que existen severos obstáculos sociales, económicos, presupuestales, logísticos y de tiempo para poder organizar los ejercicios ciudadanos. Cabe destacar que, en mayo, el propio Congreso reconoció públicamente que no cuenta con el presupuesto necesario ni con una ruta definida para acatar los fallos, por lo que trabajan en un protocolo para reducir hasta en un 80% el costo estimado de las consultas, el cual ronda los 15 millones de pesos.
Los diputados analizan firmar un convenio con el Gobierno del Estado para que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) participe en la organización.
La Suprema Corte determinó que el Congreso local debe entregar evidencia contundente de las gestiones que ha realizado ante el Poder Ejecutivo y otras autoridades para garantizar los fondos financieros necesarios.
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Asimismo, los legisladores potosinos deberán presentar obligatoriamente un cronograma detallado que especifique las etapas, plazos y acciones previstas para desarrollar las consultas durante este 2026.