La economía mexicana y la creación de empleo de calidad fue el tema de la tercera mesa del Foro de Consulta del Eje: Economía Moral y Trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que organiza el gobierno de México en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, con la participación de funcionarios públicos, académicos y empresarios. 

El Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, doctor Luis Felipe Munguía, compartió cómo se trabajó en esta materia hasta convertirla en una de las políticas más exitosas, al dejar de ser uno de los países con más bajo salario mínimo de América Latina, lo que ha influido en la mejora de la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores.

“Entre los efectos positivos destacan  8.4 millones de personas trabajadoras beneficiadas con el incremento de 2025. El salario promedio real de las personas trabajadoras afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social ha crecido 24.2 por ciento desde 2018. De los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 millones se deben exclusivamente a los incrementos del salario mínimo”, informó.

Los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024 redujeron la brecha salarial de género en 29 por ciento y el impacto es mayor en aquellos municipios donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo 66 por ciento.

La Directora de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra Lorena Rodríguez León, enfatizó en que el reto de México es generar empleo de calidad, lo que requiere un enfoque integral que combine políticas públicas, iniciativa privada y fortalecer capacidades de los trabajadores.

“Incentivar a las empresas a que generen empleo de calidad, especialmente en sectores estratégicos como tecnología, manufactura avanzada, energías renovables y salud. Generar inversión en infraestructura, proyectos de infraestructura que pueden crear empleos directos e indirectos mientras mejoran la productividad económica”, expresó.

Al referirse a las jornadas laborales donde México cuenta con las más extendidas en el mundo, dijo que esto tiene un efecto directo en el tema de la productividad, puesto que está demostrado que no porque se trabaje más horas, se es más productivo.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), doctor Fausto Hernández Trillo, precisó que en el caso de empleo de calidad en México se ha avanzado en la parte de la formalidad, y se tiene que recordar que en el país 55 por ciento se desempeña en la informalidad.

“El punto es que la política laboral está dirigida hacia la formalidad, que se la ha tratado con programa sociales y protección; pero para que el trabajo digno se dé en este país, se debe alcanzar a ese 55 por ciento de trabajadores informales y definir una buena política al respecto”, señaló. 

Consideró que el origen de la informalidad se debe a la incapacidad de la economía mexicana de crear empleos formales, ya que al año se deben generar un millón de empleos, y 2024 cerró con la creación de 250 mil. 

“Necesitamos un nuevo enfoque, y un primer paso es una seguridad social universal que necesita financiarse con impuestos, al igual que una pensión universal digna y una política de vivienda orientada hacia un financiamiento razonable y competitivo; además, reconocer la informalidad en todas su dimensiones y enfrentarla con un enfoque integral”, señaló. 

La licenciada Bianca América Enríquez López, abogada intercultural y especialista en la agenda indígena, expresó que las políticas públicas deben de estar enfocadas conforme al estado pluricultural.

“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconoce a 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano. En Mexico existen 23.2 millones de personas indígenas, y en Jalisco se registran más de 66 mil mayores de 16 años. Ante este panorama, es importante garantizar políticas públicas transversales con perspectiva intercultural y derechos humanos que atiendan las necesidades de estas comunidades”, indicó.

Resaltó además la necesidad de la vigilancia laboral en el sector agrícola, donde se debe supervisar a los jornaleros indígenas para que reciban al menos el salario mínimo legal, puesto que la mayoría vive en condiciones de pobreza y sin acceso a seguridad social. “Deben incluirse voces indígenas en decisiones salariales, políticas laborales y la formalización de empleo, porque a esta alturas para los pueblos indígenas la desigualdad salarial es mayor, especialmente entre mujeres”, explicó.  

Marisa Lazo, empresaria y fundadora de pastelerías Marisa, enfatizó en que los colaboradores que se sienten respetados, tratados con dignidad y que su trabajo suma y tiene un propósito, van a durar mucho más tiempo en una empresa, serán mucho más eficientes, más productivos y todos los estudios lo demuestran.

“Sí yo de verdad aprecio a mi gente y reconozco que el éxito que tengo se lo debo a mi gente, mis decisiones de todos los días serán diferentes porque yo voy a cuidar el beneficio de todos; una empresa que vale la pena es donde todos crecemos”, precisó.

Dijo que hoy el consumidor es más consciente y sabe cuáles empresas son socialmente responsables, tienen equidad de género, cuidan el medio ambiente, y ahí quieren comprar.

El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, licenciado Mauro Garza Marín, dijo que en la entidad la apuesta para tener empleos de calidad recae en la formación de talento.

“El principal igualador social es la educación; si realmente queremos ser un parteaguas, ahí tendría que ser la apuesta. También debemos aprender de las experiencias de otros países. Además, queremos seguir construyendo de la mano con las principales universidades, como la UdeG, que es fundamental para el desarrollo del estado. Tenemos que encontrar el vocacionamiento por regiones, hacia dónde deben estar orientados los programas, los estudios, y las empresas deben estar participando en los consejos”, apuntó.

La mesa fue moderada por la Directora General de Operación de la Secretaría de Economía del gobierno de México, Ana Gabriela González.