La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Imelda Elizalde, expresó su preocupación por los efectos que pueda tener la reforma a la Ley de Amparo, ya que la dirigente empresarial advirtió que aún quedan pendientes los mecanismos de implementación y los posibles desafíos para garantizar los derechos ciudadanos y empresariales. Elizalde destacó que el juicio de amparo representa una herramienta clave para proteger contra actos de autoridad que puedan afectar tanto a individuos como a empresas y en ese sentido subrayó que los cambios legales deben vigilarse con atención para que no terminen debilitando la defensa de derechos ni generando incertidumbre en el sector productivo. Uno de los puntos que llamó su atención fue la modificación al llamado “interés legítimo”, una figura que permite que colectivos u organizaciones promuevan amparos cuando se vean afectados derechos de manera general. Según especialistas, la reforma ajusta los requisitos para promover estos recursos, lo cual podría limitar la protección de grupos vulnerables o de derechos colectivos. Además, Elizalde aseguró que las industrias deben estar alertas ante la entrada en vigor de la nueva norma, pues cualquier reforma constitucional o legal tiene efectos concretos en la relación empresa-Gobierno: “La productividad, la inversión y el empleo pueden verse impactados si las reglas no ofrecen certeza jurídica”, indicó. En paralelo, la líder de Canacintra abordó el entorno tributario y regulatorio, señalando que, así como las reformas legales importan, las medidas fiscales también deberían diseñarse con sensibilidad al impacto social y económico, por lo que reiteró que, para las industrias, especialmente las manufactureras, es fundamental que los cambios normativos favorezcan la competitividad y no se conviertan en cargas adicionales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente, Elizalde lanzó un llamado para que el diálogo entre sector público, privado y la sociedad civil se intensifique y afirmó que México necesita un marco legal que impulse el desarrollo, pero también que brinde confianza a los inversionistas y trabajadores.