Nayib Bukele está feliz. Ha ganado las elecciones con casi el 85% de los votos y su partido obtendrá probablemente 58 de 60 escaños en el Congreso salvadoreño. Dice él que ha hecho historia, aunque tal vez la está repitiendo: Bukele se inscribe en la lista de mandatarios latinoamericanos que han burlado las leyes o la Constitución para reelegirse, y su partido será un partido de Estado. Con una oposición hecha añicos, la democracia salvadoreña se ve en la misma circunstancia: despedazada por la maquinaria propagandística y autoritaria del gobierno, a la que no supo o no pudo enfrentar, tendrá ahora que resignarse al triste papel de plañidera, advirtiendo al aire sobre los excesos de un presidente que será ahora, ya no solo de facto sino también de jure, el hombre fuerte de El Salvador, sin controles, sin contrapesos, y con el apoyo de una mayoría abrumadora de la población. En su primer período Bukele hizo básicamente dos cosas: declarar un estado de excepción que le permitió encarcelar sin mayor trámite a unos 75 mil salvadoreños sospechosos de pertenecer a pandillas criminales, y minar al poder legislativo y al judicial por la buena y por la mala. Por la mala intimidando a legisladores al ingresar con elementos armados al recinto parlamentario para “convencerles” de aprobar sus presupuestos; por la buena al reemplazar a buena parte del tribunal supremo para que reinterpretara la Constitución a su agrado y así poderse reelegir. De esas dos cosas, una muy probablemente minó de manera irreversible a la democracia salvadoreña, pero la otra, la primera, ha tenido un impacto innegable, indiscutible. Al reducir dramáticamente el poder de las pandillas criminales, que controlaban la mayor parte del territorio nacional, Bukele le ha devuelto a la población la tranquilidad. No mucho más que eso, porque no ha resuelto ni la pobreza ni la marginación ni tantos otros problemas que históricamente aquejan a El Salvador, pero para una sociedad atemorizada las imágenes de miles y miles de presos en condiciones humillantes es una suerte de reivindicación. Simbólica, sin duda, pero suficiente por el momento. Pero más allá de la simbología, que Bukele maneja a la perfección, es innegable el éxito en cuanto a reducción de la violencia criminal. De tener uno de los índices de asesinatos violentos más altos del mundo, El Salvador puede presumir ser uno de los más seguros del hemisferio, con un alto costo social (casi el 1.5% de la población en la cárcel y sin acceso a un debido proceso) y un alto riesgo también para las libertades y la democracia, que ahora pasa a estar bajo tutela -es un decir- del hombre fuerte. Mal haríamos en minimizar el impacto de un gobierno como el de Bukele, no solo en El Salvador sino en toda la región. Hartos de gobiernos corruptos e ineficientes, los ciudadanos valoran cada vez menos lo que consideran ya formalismos legales o democráticos, y prefieren resultados. Y a los ciudadanos -víctimas perennes- no los podemos culpar por desear eso. POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS [email protected]   @GABRIELGUERRAC