Los ministros y las ministras por el cargo que desempeñan tienen derecho a algunas compensaciones económicas por el trabajo que realizan durante su estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no puede ser corrompido por iniciativa de ninguna persona, ya que esto está estipulado y asegurado en la ley, señaló en entrevista José Mario de la Garza Marroquín. Aunque a través de la aprobación se les ha dado la posibilidad de renunciar y retirarse con una pensión por su trabajo, también pueden no hacerlo y participar en la elección de jueces y magistrados. Detalló que las compensaciones que reciben los ministros al momento de retirarse, "por ley, tienes unos impedimentos para no poderte dedicar a la abogacía, precisamente para no generar un conflicto de intereses", por lo cual, se ven obligados a retirarse de su profesión y por ello reciben dicha compensación. "Esto protege al sistema, no es una cosa inventada en México, así se procesa en la mayoría de los países que tienen un Estado de derecho", puntualizó. Al momento de su retiro, los exministros no tienen permitido intervenir en procesos judiciales, por ello, reciben la compensación, la cual sí o sí deben de entregárselas y, en caso de no querer respetar sus derechos, la sociedad mexicana podría ser testigo de un nuevo litigio. "Parece que en México ya inauguramos en este sexenio, el no reconocerle los derechos a nadie que piense diferente", añadió. Lamentó que en últimas fechas ninguna suspensión, ningún derecho y ninguna sentencia se valida, a menos que sea conforme a lo que se está planteando dentro de la Cuarta Transformación. Previo a la realización y autorización del presupuesto para las elecciones de jueces y magistrados por la reforma al Poder Judicial, se tiene estimado que será un 60 o 65 por ciento más costosa que las elecciones presidenciales y hasta el momento, no se puede asegurar que lo que ha sido aprobado, se vaya a cumplir a cabalidad. "Lo que también puede pasar es que se haga una elección que no se conduzca conforme a los estándares de ley", puntualizó. Y como consecuencia, se tendría una gran cantidad de impugnaciones argumentando que no se armaron las casillas correctamente, no hubo un correcto conteo de votos, no fueron respetados los protocolos, por ello, se debe cuidar la legitimación de los resultados y del proceso.