SI EL ELECTORADO quiere un adelanto de cómo quedará el nuevo Poder Judicial, debe revisar las listas del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.

Este comité estuvo integrado por Arturo Zaldívar, Javier Quijano, Vanessa Romero, Mary Cruz Cortés e Isabel Inés Romero, que a diferencia del Legislativo y el Judicial, salieron airosos.

Ayer le adelanté que cuando inicien las renegociaciones del T-MEC, entre marzo y abril, un tema que estará en la mesa es la Reforma Judicial de Andrés Manuel López Obrador que ya tiene un 80% de avance.

Podemos asegurarle que para los equipos de los secretarios de Comercio, Howard Lutnick, y del Tesoro, Scott Bessent, que México no tenga jueces, magistrados y ministros autónomos, no es aceptable.

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial será el primer blanco del gobierno de Donald Trump porque lo ven como una instancia inquisitoria, que someterá a los impartidores de justicia.

Tras la renuncia del Comité del Poder Judicial y el desastre del Legislativo en lo que fue su proceso de selección, la Presidencia que encabeza Claudia Sheinbaum terminó ordenando el proceso.

Sin tropiezos políticos, la lista presidencial muestra capacidad organizativa, ante una reforma que parecía imposible de ejecutar y que al final está sacando el ex ministro Zaldívar.

Más allá de la Suprema Corte de Justicia, que preside aún Norma Piña, la atención se centra en ese Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano que sancionará a jueces por corrupción y tráfico de influencias.

De los aspirantes, nueve son mujeres y seis hombres y finalmente el tribunal estará compuesto por tres magistradas y dos magistrados, la gran mayoría afines a la 4T y a su segundo piso.

Entre los masculinos resalta Jaime Santana Turral, hombre de confianza de Zaldívar, y señalado en la denuncia contra ex funcionarios del Consejo de Judicatura Federal por presionar y extorsionar a jueces.

 José Artemio Zúñiga Mendoza también aparece en la denuncia como uno de los juzgadores penales que cedieron ante el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Miguel Ángel de los Santos Cruz, sin experiencia en el Poder Judicial, es cercano a la ministra Lenia Batres, quien lo propuso para el Comité de Evaluación.

Rufino H. León Tovar, con 30 años en la administración pública, ha dejado clara su afinidad con la 4T: sus constantes felicitaciones y referencias a miembros del movimiento como “compañeros” refuerzan la sospecha de un perfil alineado políticamente.

Jorge Alfredo Clemente Pérez, por su parte, viene del Tribunal de Justicia de Chiapas, sin mayor experiencia federal.

Si la intención es que el tribunal no sea un brazo político, los espacios masculinos deberían recaer en perfiles con independencia probada.

Gildardo Galinzoga Esparza parece la mejor opción entre los hombres: con más de 30 años de experiencia en el Poder Judicial Federal y trayectoria en competencia económica y administrativa, ha sabido tender puentes entre poderes.

Aplicar la reforma sin dinamitar la justicia dependerá de perfiles como el suyo.

Si algo ha quedado claro en este proceso, es que el electorado debe mirar más allá de las formas e investigar el fondo, más allá del curso que tome la Reforma con la irrupción de Estados Unidos.

TRAS LA PUBLICACIÓN de las leyes secundarias en materia eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) empezó a liberar los permisos que están suspendidos desde el sexenio pasado. Hay una treintena de proyectos tan sólo para energías renovables que implican inversiones de entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. La dupla del terror, Manuel Bartlett y Rocío Nahle, el director de la CFE y la secretaria de Energía de Andrés Manuel López Obrador, bloquearon los planes por un tema preponderantemente ideológico. Por fortuna la visión ya cambió en el gobierno de Claudia Sheinbaum y la nueva secretaria de Energía, Luz Elena González, levantó el bloqueo. La nueva perspectiva no debe apartarse tampoco de la exigencia del gobierno de Donald Trump de asegurar infraestructura, en este caso electricidad y agua, para las empresas de su país. La liberación de permisos en la CRE, que lleva Leopoldo Melchi, en automático movió a los nuevos concesionarios privados a solicitar financiamiento en Nafin y a Bancomext, que capitanea Luis Antonio Ramírez.

BESCIENCE MÉXICO ES una empresa dedicada a conectar a la comunidad científica de América Latina y a proveer equipos y consumibles para diversas industrias. En 2018 se percató que Bayer de México estaba utilizando su marca registrada sin autorización a través de su sitio web en una clara apropiación indebida. Pese a múltiples intentos por resolver el conflicto amigablemente, la firma que preside Manuel Bravo ignoró los acercamientos de la compañía de Luis Antonio Sánchez y continuó utilizando ilegalmente la marca, por lo que presentó denuncia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En diciembre pasado, multó a los alemanes con 500 mil pesos y les ordenó dejar la marca. Pero lejos de aceptar, Bayer intentó despojar legalmente e interpuso seis procedimientos legales ante el IMPI, con el objetivo de anular el registro de BeScience México. Pero todos sus intentos fueron negados. Este caso expone, otra vez, la voracidad de algunas multinacionales que pretenden aprovechar su poderío sobre pequeñas empresas mexicanas.

UN SECTOR QUE va a tener un papel relevante en las negociaciones del T-MEC es el sindicalismo, que ya se está organizando. Por una parte, el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, convocó a una reunión con alrededor de 40 representantes sindicales mexicanos, donde se planteó conformar un Comité Laboral que participe en las pláticas y conversaciones relacionadas con el tratado, con el objetivo de colocar en la agenda la defensa de los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados. También el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar anunció que el sábado 15 de febrero se realizará la primera Convención Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, habiendo convocado a sindicatos canadienses y estadounidenses. En esta cumbre sindical se planteará una alianza trinacional para exigir medidas comerciales que beneficien a los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá.

POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE