En el último año, la Secretaría de Gobernación ha recibido mil 738 solicitudes para aplicación de la Ley de Amnistía, de las cuales 521 fueron declaradas improcedentes, 47 amnistías otorgadas y de esas, 37 liberaciones calificadas. En conferencia de prensa, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Paulina Téllez, dijo que tienen listos 264 casos para resolver en el seno de la Comisión de Amnistía y un número importante de asuntos en rezago debido a la falta de información que deben aportar los peticionarios o sus familiares. “De los casos que restan, que son 665, 478 no tienen información. Es decir, nos escriben una carta mencionando que quieren amnistía, pero a veces no tienen qué delito cometieron, nos ponen estoy en este centro de reinserción social y no nos anexan ninguna documental, por eso es importante reiterar que el proceso es gratuito y no se necesita un abogado”  La funcionaria aclaró que, en estos casos, la Secretaría Técnica de esta comisión tiene la facultad de pedir a las autoridades que correspondan el informe y documentos que correspondan. Paulina Téllez destacó que, además de la Ley de Amnistía que entró en vigor en agosto del año pasado, se han dado liberaciones por otros mecanismos como es el programa de preliberaciones que ha beneficiado a 7 mil 300 personas y las mesas de justicia con 105 liberaciones a la fecha. ¿Para quién aplica la Ley de Amnistía? De acuerdo con la Ley de Amnistía, los beneficiarios podrán ser todos aquellos que se encuentren involucrados en alguno de los siguientes casos: Aborto u homicidio cometido por la madre, médicos o familiares que hayan auxiliado en el procedimiento de uno no nacido. Delitos cometidos por personas indígenas cuando no hayan contado con intérpretes o defensores en su lengua. Robo simple y sin violencia con pena de menos de cuatro años. Sedición, haber invitado, instigado o incitado a la comisión de delitos por cuestiones políticas. En el caso de delitos relacionados con drogas la ley está dirigida para personas en extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, en situación de pobreza o con discapacidad permanente. También, cuando el delito se haya cometido por indicación de la pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad familiar sin limitación de grado o por temor fundado. Para quien haya sido obligada u obligada por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito.

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Con información de Excelsior