El gobierno mexicano se queja y demanda que Estados Unidos presente pruebas "contundentes" para apoyar su demanda de extradición contra el gobernador de Sinaloa (con permiso), Rubén Rocha.

La administración mexicana parece recurrir a una mezcla de argumentos presuntamente legalistas (necesitamos pruebas) y patrióticos (nadie nos va a gobernar), pero también hace pensar en máxima resistencia para luego ceder ante el peso de las pruebas... y las presiones.

La exigencia del gobierno mexicano no carece de validez, pero no parece conjugar con los usos y la reglas de la extradición: se comunica la solicitud y luego hay un plazo de hasta 60 días para presentar las pruebas conducentes.

Pero el problema es lo que ocurrirá si presentan esas pruebas en el plazo prescrito, como es posible y hasta probable.

La postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece lógica desde una posición de presuntas formulaciones nacionalistas, pero para mal, también alimentan la imagen de un gobierno que protege a posibles cómplices del narcotráfico.

Las acusaciones no se dan en un vacío.

Al margen de que una serie de rumores sean ciertos o no, como la presunta intervención del narcotráfico en las elecciones estatales de 2021 en favor del gobernador, hay demasiadas coincidencias y menciones con nombres como Mayo Zambada en el contexto.

Y peor todavía, las versiones no son recientes y se dan en medio de otras respecto a más políticos y dirigentes del partido en el poder.

Se trata, como dice la embajadora eminente Martha Bárcena, de un escenario en el que la inacción del gobierno mexicano puede dar al estadounidense el pretexto para desencadenar acciones con alcances y formas dañinas para México.

Porque la verdad es que México es un país que ha sido el "villano ideal" para Trump: símbolo del libre comercio tan detestado, pero tan aprovechado por sus votantes y seguidores, fuente de inmigrantes, legales e indocumentados, que por los puros números incluyen, a gustar o no, algunos elementos delictivos, paso casi obligado para miles de migrantes desde Centro y Sudamérica, eje de organismos delictivos dedicados al tráfico de drogas y de personas, y para complicar más las cosas, un vecino y socio que busca siempre compensar con posturas políticas para la audiencia doméstica su cercanía económica y social con Estados Unidos.

Ciertamente la tesis de los contrapesos funcionó durante décadas, pero estamos en 2026 y ni el mundo ni los gobiernos de Estados Unidos y México son los mismos. De entrada, no se había clasificado a los cárteles mexicanos como terroristas, ni se había señalado abiertamente al gobierno mexicano como aliado de narcotraficantes.

La presidenta Sheinbaum está en una situación delicada. Ya no es, no puede seguir siendo, la "Trump Whisperer", capaz de disuadir a un mandatario caprichoso llevado de sus impulsos y necesidades electorales.

La estrategia aparente es de desviar, demorar, desviar, cuestionar.

Pero eso sirvió con gobiernos estadounidenses que requerían una buena relación con México y el mundo: Trump cree que merece acatamiento y obediencia.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS  

COLABORADOR   

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@CARRENOJOSE