En tiempos de guerras comerciales y tensiones económicas, los gobiernos buscan nuevas fuentes de ingresos, y el turismo suele ser el blanco obvio. A finales de 2024, el Congreso de México aprobó un nuevo impuesto de 42 dólares para los pasajeros de cruceros que arriben a puertos nacionales.  La medida, programada para entrar en vigor en julio de 2025, ha generado preocupación en la industria, que advierte sobre los riesgos de encarecer un destino clave en el Caribe y para el país. Tuve la oportunidad de platicar en exclusiva con Michelle Page, directora general de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), sobre el cobro del Derecho de No Residente (DNR).  Para la industria, esta decisión podría impactar la competitividad de México en un sector donde la planificación se hace con hasta dos años de anticipación. En 2025, se espera que 10 millones de pasajeros arriben a puertos nacionales a bordo de más de tres mil 300 barcos, con lo que se generarían más de mil millones de dólares en gasto directo y 20 mil empleos. ¿Qué pasa si estos turistas simplemente dejan de venir?  El modelo actual ha funcionado durante décadas bajo el principio de tránsito: los cruceristas desembarcan por unas horas, gastan en restaurantes, tours, compras, y continúan su viaje. México no consultó a la industria antes de aprobar el impuesto, lo que ha generado inquietud y un llamado al diálogo. Lo que se aventura como principal desafío es la competitividad.  Un análisis de costos muestra que Cozumel sería 283 por ciento más caro en comparación con destinos similares. Una familia de cuatro personas pagaría hasta 200 dólares adicionales, lo que podría desviar el tráfico de cruceros hacia países con tarifas más atractivas. Otro factor crítico es la incertidumbre. Las navieras venden sus itinerarios con entre 18 y 24 meses de anticipación, por lo que un cambio inesperado en costos altera los planes de miles de pasajeros.  Además, la industria argumenta que ya invierte en México a través del gasto de turistas y consumo de productos nacionales a bordo. Elevar tarifas sin diálogo podría llevar a un efecto contrario al esperado: menos turistas, menos ingresos y menos empleos. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha reconocido el impacto potencial del impuesto y se ha comprometido a transmitir la preocupación de la industria al gobierno federal. El próximo junio será clave para definir si el impuesto entra en vigor o si se busca una alternativa que no comprometa la llegada de cruceristas a México. La decisión no sólo impactará a navieras, sino a miles de trabajadores y pequeños negocios que dependen de este flujo turístico. RECONOCIMIENTO

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido el trabajo de Rommel Pacheco al frente de Conade. La labor del exclavadista olímpico ya tiene notables diferencias con su antecesora, comenzando por la relación que establece con las federaciones deportivas. POR JAIME NÚÑEZ   [email protected]                      X: @JANUPI