Las escuelas de Educación Básica en San Luis Potosí se encuentran sumergidas en una espiral de exigencias y presión desmedidas por parte de la sociedad y sus autoridades educativas. Pensar en los profesores solo como operadores de programas gubernamentales que tienen que reportar y justificar cada hora sus actividades, nos ha llevado a distraerlos de su tarea fundamental, la de convertirse en profesionales del aprendizaje para impactar en sus estudiantes. De a poco, casi en el olvido, se quedó el discurso político - convertido en promesa - del primer Secretario de Educación Pública de este sexenio, Esteban Moctezuma, al afirmar que “Las maestras y maestros de todo el país, verán una reducción significativa de la carga administrativa, ya que es excesiva y distrae al magisterio de la vocación principal que es facilitar el aprendizaje de sus alumnos”. Entonces, nos llegó la pandemia de SARS-CoV2. Como ocurrió en todo el mundo, los profesores, familias y estudiantes tuvimos que modificar esquemas de enseñanza y de aprendizaje, donde el acompañamiento a la distancia se volvió crucial para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de las grandes hazañas que lograron cientos de profesores en terreno potosino, el daño a estas generaciones, estaba hecho. Hace un año, de manera gradual, retomamos la modalidad presencial en la mayoría de las escuelas. En esos momentos, muchos de nosotros pensamos (y lo mantenemos) en la oportunidad histórica de aprender de la experiencia - dolorosa y frustrante - para intentar cambiar nuestras realidades desde terreno y con la esperanza de escuchar activamente a los profesores. Esto no ocurrió. Al iniciar el ciclo escolar 2022-2023, las escuelas comenzaron a amoldarse a lo ya conocido. A lo que funcionaba. A la vieja escuela que abandonamos (o eso creímos) en marzo de 2020. A todo vapor, nuestro sistema educativo, volvió a aceitarse de nuevo. Desde arriba y desde afuera de las escuelas se tomaron decisiones que comenzaron a doblegar el poder de acción de las mismas comunidades escolares que, algunos meses atrás, habían comprendido la situación de emergencia y se volcaron, con creatividad, colaboración e innovación, a resolver sus contextos y oportunidades reales de aprendizaje. Inmediatamente, en agosto de 2022, se emitieron las primeras circulares para mandatar la “regularización” del servicio educativo. Es decir, todos de manera presencial a la escuela, sin excusas, pero sin apoyos. A partir de ese momento, la espiral de reportes administrativos comenzó a crecer sin medida. Recordemos este momento, cuando muchas comunidades regresamos a las escuelas con temor, incertidumbre, cansancio, duelos sin resolver, confundidos, anestesiados por las pantallas, frustrados por la falta de recursos humanos y materiales. En fin, un regreso atípico donde el corazón y la pasión de los profesores marcó la pauta para volver a conectar con los estudiantes. De pronto, ya teníamos guías de recuperación de aprendizajes, materiales digitales que debíamos imprimir y fotocopiar para los alumnos. Después aplicar instrumentos de evaluación diagnóstica, presentar resultados y elegir contenidos prioritarios para los estudiantes. Atender lecturas y orientaciones del Consejo Técnico Escolar, documentar la elaboración de productos de reflexión y análisis de videos. Tomar cursos de capacitación, atender sesiones híbridas, realizar tareas, aportar a foros. Inscribirse en conferencias magistrales de precandidatos a la presidencia. Preparar alumnos para concursos de escuela, de zona y a nivel estatal. Participar en varias pruebas de MEJOREDU (mismo instrumento). Reportes mensuales, bimestrales, trimestrales. Cooperativa escolar. Operar programas “Escuela Segura”, “Contra las Adicciones”, “Operativo Mochila” “Inclusión Escolar” “La Escuela Es Nuestra”. Por supuesto todo lo que engloba el “Plan y Programa de Estudio 2022”. Reportes estadísticos, fotográficos, documentales, testimoniales y un largo etcétera. ¿Dónde queda el respiro de los profesores para diseñar, planear, implementar y evaluar estrategias de aprendizaje para sus alumnos? Sin duda, alimentar el Sistema Educativo Nacional, es un reto monumental en nuestro país. Pero el duplicar o triplicar procesos para el levantamiento de los datos, produce un estrés desmedido e innecesario a las comunidades escolares que, bien o mal, han sabido sobrellevarlo. La red de apoyo en muchas escuelas, lejos de escucharlas y proponer soluciones a sus contextos inmediatos, ha regresado a ser enlaces operativos para “bajar” información, exigir determinados datos o resultados cortoplacistas, lo que termina por encarrilar los procesos escolares a la “normalidad” de 2020. En todo esto, también reconocemos la presión social de muchas familias para atender a sus hijos de manera típica y “regular”. La realidad es multifactorial, pero difícilmente comprenderán la oportunidad que esto significa y menos, si no nos comunicamos con ellas de manera asertiva y permanente. ¿Será posible con estos escenarios de inmediatez en los resultados? ¿Esto es lo que necesitamos de la escuela y sus profesores? Me parece que no. Las prioridades deberían estar centradas en la atención socioemocional de profesores y estudiantes para dedicar su tiempo y esfuerzo a transformar las escuelas en espacios abiertos, atractivos y motivadores para seguir aprendiendo; de tal manera que, en el mediano plazo, reducir la tendencia en el rezago educativo y el abandono escolar. En términos de cotidianidad educativa, pareciera que estamos más cerca de abrazar la corriente del sistema estandarizado desde fuera de las comunidades, que de procurar y fortalecer espacios para la participación libre, colaborativa y especializada de profesores y familias para resolver sus problemas desde la idiosincrasia local. La comunidad escolar es más que solo operadores de programas. La escuela no es el problema, sino la solución. Escuchemos a la comunidad escolar, reconozcamos a los profesionales de la enseñanza y focalicemos lo verdaderamente importante en nuestros espacios de acción, el aprendizaje de niños y jóvenes. Salto de Página

El cambio de figura jurídica de organismos como el SIPINNA y la Dirección de Educación Indígena, propuestos por el presidente de la República, solo indica dos cosas: invisibilizar (nuevamente) a los grupos etarios que atienden y ampliar, aún más, la brecha de desigualdad en nuestro país. El balón lo tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al tiempo. * Profesor / Activista por el Derecho a Aprender en SLP

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