Sostener que no hay un debate sobre la deriva autoritaria que está viviendo México es negar la realidad. Debate hay, lo que pasa es que el oficialismo ha intentado esquivarlo una y otra vez. En su más reciente iteración, provocada por el expresidente Zedillo, la presidenta y sus sicofantes desviaron esa discusión hacia el pasado recordando el Fobaproa, la reforma judicial del 94, Acteal, etc. Sin embargo, remitir a los problemas del pasado para no hacerse cargo de los de hoy, lo mismo que ignorar la crítica o descalificar a los mensajeros para desoír su mensaje, no implica que un debate no exista. Implica, insisto, que está tratando de ser insidiosamente esquivado. Es cierto que el mensaje de Zedillo llegó tarde y sin aportar nada nuevo. Pero no fue un mensaje fallido pues, más allá de su retraso o su falta de novedad, lo que dijo es cierto: la coalición gobernante está desmantelando la institucionalidad democrática y la reforma judicial, que dará al traste con la posibilidad de ejercer un control jurisdiccional del poder, constituye un ejemplo paradigmático al respecto. Dicho juicio no es el runrún de una cámara de eco ni una cantaleta catastrofista: es un diagnóstico certero, que se sostiene con evidencia empírica, lógica institucional y política comparada (véase el libro electrónico coordinado por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, La tormenta judicial, Nexos, 2025). No hay hipérbole ni irresponsabilidad alguna en señalarlo -como sí la ha habido, por ejemplo, en asegurar que ya se acabó la corrupción o en la patraña aquella de que al combatirla el gobierno de López Obrador se iba a ahorrar 500 mil millones de pesos-. Zedillo, da grima tener que aclararlo, está en todo su derecho de intervenir en la conversación pública. Lo hace, además, con la autoridad moral de haber sido el presidente de la transición. ¿O ya se les olvidó a quienes antes simpatizaron con el PRD la importancia de las elecciones de 1997 en la historia de la democratización mexicana? Desacreditar sus observaciones porque su gestión tuvo “claroscuros” o desdeñarlas como “una estrategia equivocada del lado opositor” es, otra vez, querer esquivar el tema del debate: la autocratización del sistema político mexicano en la actualidad. Amenazar con “investigar” al expresidente por sus comentarios, al igual que poner en entredicho el locus standi de la suya o de cualquier otra voz que se atreva a cuestionar al régimen, no son señales de un gobierno con temple democrático; al contrario, son muestras palmarias de intolerancia ante el disenso y de un uso faccioso del poder para intimidar a quien se atreva a alzar la voz. No importa que los acólitos de la “4T” se sumen a esa maniobra porque creen en “el proyecto”, porque quieren quedar bien con sus mandamases o porque siguen buscando un hueso. El resultado, a final de cuentas, es el mismo: por más que lo intentan, no tienen cómo rebatir el argumento de fondo y por eso buscan, desesperadamente, maneras de esquivarlo.  POR CARLOS BRAVO REGIDOR

COLABORADOR

@carlosbravoreg