El diario Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, informó que el gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo y Américo Villarreal, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, respectivamente. Según el medio, a ambos se les revocó la visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa especial conocido como “Significant Public Benefit Parole”, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes en su contra o en contra de terceros. Investigación revelada por LA Times

La investigación contra Durazo se relaciona con presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que la de Villarreal apunta al contrabando de combustible. Ambos casos se suman a la ofensiva judicial estadounidense contra gobernadores de Morena, luego de que en abril el Departamento de Justicia acusara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de colaborar con el crimen organizado en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación y se solicitó la extradición de Rocha Moya, lo que tensó aún más las relaciones bilaterales. De acuerdo con la investigación periodística, Durazo viaja regularmente a Estados Unidos para recibir atención médica bajo este programa especial, mientras que Villarreal también cuenta con el permiso y, según los reporteros, “cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses”. El programa, según la explicación oficial, permite a individuos colaborar con la seguridad pública y testificar ante un gran jurado, incluso si enfrentan investigaciones o cargos pendientes.

Durazo y Villarreal reaccionan a la información publicada por el medio Américo Villarreal calificó de falsas todas las acusaciones en su contra mientras que la vocera del estado de Sonora, Paloma Terán, rechazó en su cuenta de X la acusación publicada por el LA Times, asegurando que el gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de autoridades estadounidenses. La investigación periodística señala que cuando el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se reunió en mayo con la presidenta Claudia Sheinbaum, le transmitió que Washington esperaba la extradición de Rocha Moya. Sheinbaum respondió que el destino del gobernador se determinaría en México y advirtió que acusaciones adicionales contra otros personajes políticos serían consideradas interferencia política en los asuntos internos del país.

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