De acuerdo con la medición realizada por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el estado de Guanajuato, ocupa el primer lugar, junto con otras tres entidades a nivel nacional, en capacidades institucionales en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Lo anterior, se advierte del estudio denominado “Capacidades Institucionales en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en las entidades federativas 2023”, que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por medio del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
El documento en mención tiene como propósito, conocer los avances alcanzados durante el ejercicio fiscal 2023 de los Centros Estatales de Prevención Social (CEPS), que en el caso de Guanajuato, lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto de la Subsecretaría de Prevención.
Derivado de lo anterior, se desarrolla la revisión en la implementación de programas, estrategias y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia, a efecto de combatir sus causas.
Se verifican las capacidades institucionales básicas en cuatro rubros: marco jurídico, operación del CEPS (específicamente bajo esa denominación), capacitación y/o certificación del personal de los CEPS o Áreas Estatales, y, la existencia o no, de un Programa Estatal de Prevención Social o Líneas de acción definidas.
Así mismo, se analizan las capacidades de gestión pública en tres rubros: planeación; ejecución y operación; además de su monitoreo.
En el caso del Centro Estatal de Prevención Social de Guanajuato (Subsecretaría de Prevención) adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se ubica en el primer lugar a nivel nacional, junto con los estados de Jalisco, Estado de México y Sonora, al obtener un porcentaje del cien por ciento de cumplimiento y profesionalización en los rubros revisados.
Con estos datos, las entidades federativas y el gobierno federal, cuentan con información valiosa que permite mejorar la toma de decisiones, para garantizar las condiciones de permanencia y sostenibilidad de la política de prevención social, fortalecer las capacidades y competencias institucionales, y lograr una política pública continua y sostenible.
Con ello, la prevención social de la violencia se focaliza, para atender las demandas de la población, mediante la implementación de actividades de corto, mediano y largo plazo, orientadas a obtener de manera gradual, cambios socioculturales en la sociedad.
