El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, Jesús Juárez Hernández, reconoció un incremento estadístico en el delito de extorsión telefónica en la entidad. Sin embargo, el funcionario precisó que este fenómeno responde, en gran medida, a un cambio en la normativa legal que ahora obliga a la Fiscalía General del Estado (FGE) a judicializar de forma automática cada reporte recibido. Anteriormente, muchas llamadas quedaban en el limbo informativo; hoy, cualquier alerta ciudadana —incluso las anónimas— se traduce de inmediato en un expediente oficial. El factor "C5": Reportes automáticos

Juárez Hernández explicó que el aumento en los números no necesariamente implica una crisis de inseguridad desbordada, sino una mayor transparencia administrativa derivada de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. "Cuando recibimos llamadas denunciando algún tipo de extorsión, estamos obligados a comunicarlo a la Fiscalía para que abra una carpeta de investigación. De ahí deriva el alza en la incidencia: el C5 está obligado a darle parte a la autoridad investigadora de inmediato", detalló el secretario. Las cifras oficiales reflejan un cambio sustancial en el registro de este delito. El paso de un modelo de denuncia tradicional a uno de apertura automática ha disparado las carpetas de investigación en poco más de un tercio en el último año. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Excélsior.