La investigación federal contra una de las principales estructuras dedicadas al llamado "huachicol fiscal" entró en una nueva fase. Fernando Farías Laguna ya es trasladado de Argentina a México para ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) amplió la ofensiva judicial contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces relacionados con la red de contrabando y distribución ilegal de combustibles.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, dio a conocer en un mensaje a medios que, además de Farías Laguna, las investigaciones han permitido detener y presentar ante autoridades judiciales a otras 15 personas, entre ellas 12 exservidores públicos vinculados con el entramado que presuntamente permitió ingresar hidrocarburos al país sin cubrir las contribuciones correspondientes.

La fiscal explicó que las nuevas líneas de investigación alcanzan a integrantes de la estructura empresarial y operativa que habría permitido movilizar, almacenar, comercializar y dar apariencia de legalidad al combustible.

Destacó que “el Ministerio Público Federal ha obtenido elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra personas identificadas como accionistas, apoderados legales, socios y enlaces de las compañías investigadas, con operaciones desplegadas en seis entidades del país. Investigaciones judiciales previas documentaron solicitudes de captura contra 23 personas relacionadas con esta estructura”.

Agregó que dentro de las investigaciones apareció Fernando Farías Laguna, contra quien un juez federal libró una orden de aprehensión, lo que llevó a la activación de una ficha roja de Interpol para lograr su localización internacional.

“El 23 de abril fue detenido en Argentina. La Policía Federal Argentina confirmó entonces la captura del exmando naval en Buenos Aires como parte de la cooperación internacional relacionada con el caso”.

La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales inició posteriormente los procedimientos para conseguir su entrega.

Godoy Ramos detalló que el 21 de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitud de la FGR, presentó la petición de extradición ante las autoridades argentinas.

Tras analizar la situación jurídica de Farías Laguna y las pruebas remitidas por México, las autoridades argentinas determinaron su expulsión. Personal de la Fiscalía viajó al país sudamericano para concretar su traslado a territorio mexicano. Este jueves 20 de agosto se confirmó que el operativo para llevarlo a México se encontraba en marcha.

Una vez en territorio nacional, Fernando Farías Laguna será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano", en el Estado de México, donde quedará a disposición del juez de control que ordenó su captura.

La operación contó con la coordinación de la FGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de la colaboración de autoridades argentinas y estadounidenses.

Por otra parte, la fiscal general destacó que la investigación permitió reconstruir un esquema diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de los cargamentos desde su ingreso a territorio nacional.

Dijo que la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos mexicanos, principalmente Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California, cargados con hidrocarburos.

“Sin embargo, ante las autoridades aduaneras el producto era declarado como "aceites" o "aditivos", mercancías sujetas a un tratamiento fiscal diferente. Con esta maniobra, los responsables habrían evitado el pago de impuestos correspondiente a la importación de combustibles”.

La FGR detectó pedimentos y revisiones presuntamente manipulados, alteraciones en los volúmenes reportados, muestras modificadas y descargas simuladas. Dentro de esa cadena también fueron identificados agentes aduanales que habrían facilitado las operaciones.

“Una vez superados los controles de ingreso, el combustible era cargado en autotanques y pipas para comenzar su dispersión por diferentes puntos del territorio nacional”, aseveró.

Agregó que empresas legalmente constituidas eran utilizadas para transportarlo y posteriormente colocarlo en estaciones de servicio como destino final. Algunas compañías también habrían servido para mover o lavar los recursos obtenidos con las operaciones ilícitas.

La fiscal general señaló que el seguimiento de esta estructura permitió identificar operaciones en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, además de extender las investigaciones hacia otros puntos relacionados con la distribución.

Durante el mensaje, señaló que el origen de las investigaciones se remonta a 2024, cuando el entonces titular de la Secretaría de Marina proporcionó a la Fiscalía información sobre operaciones que podrían estar relacionadas con una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos.

“Las indagatorias adquirieron otra dimensión en marzo de 2025, después del aseguramiento de un buque en Altamira, Tamaulipas, relacionado con el ingreso de millones de litros de combustible”.

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad detectó una operación con características similares en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque habría sido utilizado para introducir ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de hidrocarburos.

Esos casos permitieron a las autoridades comenzar a conectar empresas, operadores, servidores públicos, documentación aduanera y rutas utilizadas para trasladar el producto.

Resaltó la titular de la FGR que únicamente por los aseguramientos vinculados con esta investigación se provocó una afectación superior a 340 millones de pesos a la organización.

Además del hidrocarburo recuperado, las autoridades aseguraron 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles relacionados con las operaciones investigadas.

Al concluir, Ernestina Godoy enfatizó que la captura y traslado de Farías Laguna no representa el cierre de la investigación.

“La FGR mantiene abiertas las pesquisas para determinar quiénes financiaron las operaciones, qué empresas fueron utilizadas para movilizar el combustible, quiénes participaron en la manipulación de los procedimientos aduaneros y cuál fue el destino de los recursos generados por la comercialización ilegal”.

Aclaró que las nuevas órdenes de aprehensión apuntan ahora hacia el componente empresarial y financiero de la estructura, además de los ex funcionarios que habrían utilizado sus cargos para facilitar el ingreso del combustible.

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Con información de Excélsior