Cinco meses después de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunciara por la existencia de conflicto de interés, por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para investigar y traer justicia en el caso de feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto –ocurrido en octubre de 2012–, la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción y retomará las investigaciones de este crimen.

El conflicto de interés se basa, de acuerdo con el Juzgado, en que el ahora titular de la FGESLP “José Luis Ruiz Contreras, se desempeñó como secretario particular del entonces Procurador General de Justicia del Estado”. Además de que el juez que determinó que se trataba de un homicidio por culpa (sin intención o por accidente) “es Julián Ruiz Contreras [hermano del ahora fiscal]”. Esos hechos son suficientes para concluir que “sí puede tener un interés personal el asunto, pues cabe recordar que uno de los efectos de la concesión de amparo establecido por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, consiste en que se inicien los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular”.

La FGR, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), resolvió “asumir la competencia para seguir conociendo las investigaciones relacionadas con los hechos en los que perdiera la vida Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, así como el actuar indebido e irregular en el que pudieron incurrir las personas que tuvieron intervención en la carpeta en el ejercicio del servicio público”.

Además, determinó que seguirá conociendo de la investigación, bajo “los lineamientos contenidos en el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), así como en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del caso González y otras vs México (campo Algodonero) y los que de ésta estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 554/2013 sobre la investigación de los hechos en los que perdiera la vida Mariana Lima Buendía y en atención a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia en el Amparo en Revisión 1284/2015”.

Lo anterior significa que la FGR deberá realizar una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2019, en su sentencia 1284/2015, en la que confirmó que el feminicidio de Karla Pontigo “estuvo rodeado de circunstancias de violencia, basada en género”.

Con esta atracción, en un caso donde se ha determinado que existe un conflicto de interés en el ámbito local, se está sentado un precedente importantísimo en la lucha de las familias potosinas y de las de todo el país, hacia investigaciones que cuenten con mayor condiciones de independencia. Como lo ha señalado Esperanza Lucciotto, madre de Karla: “Es una luz y otro camino que se abre para que podamos saber qué fue lo que pasó, para que podamos tener justicia”.

Es importante resaltar que, aún cuando la FGR atrae la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, esto no exime la responsabilidad de la FGESLP de seguir fortaleciendo la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, para que pueda investigarse y traer justicia y verdad a otras mujeres víctimas de feminicidio y a sus familias, otorgándole los recursos materiales, humanos y financieros básicos para su debido funcionamiento, para que pueda conocer de otros casos de muertes violentas contra mujeres.

La creación de esta Unidad Especializada se debió justamente a la sentencia de la SCJN en el caso de Karla Pontigo, que señala que si bien busca subsanar las violaciones cometidas durante la investigación de la muerte de Karla Pontigo, “su efecto se extiende a la sociedad en general, pues además de que se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso, penalmente a las autoridades intervinientes por su actividad irregular, el ordenar la reposición de la investigación busca disuadir a las autoridades de llevar a cabo investigaciones sin sujetarse a las disposiciones constitucionales”, lo cual implica una protección explícita para otros casos de feminicidio, que deben ser investigados bajo los mismos parámetros ya establecidos por la Corte.

Tres municipios potosinos (San Luis Potosí, Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez) se encuentran entre los 100 más peligrosos para las mujeres del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En 2021, el estado de San Luis Potosí cerró el año con un total de 24 feminicidios, de acuerdo con el mismo SESNSP (sin considerar aquellas muertes violentas de mujeres que no fueron tipificadas como feminicidio).

Ante el fortalecimiento de acciones realizadas para garantizar el acceso a la justicia de la familia Lucciotto, llamamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a que garantice la implementación total de las medidas de protección en favor de la familia Pontigo Lucciotto y recordamos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí que es su obligación salvaguardar la vida e integridad de la familia Lucciotto.

Finalmente, recordemos que en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015, por las graves violaciones a derechos humanos cometidas, ordenando la reparación integral del daño a la familia de Karla Pontigo, reparación que no ha tenido avances sustanciales y que aún cuando se ha solicitado al actual Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a tomar la deuda histórica que tiene con las víctimas de feminicidio y, en particular, con Karla Pontigo, no ha mostrado interés alguno para que dichas víctimas obtengan justicia, verdad y reparación, a las que tienen derecho.